Reparadores en la gestión pública

Sin lugar a dudas existe en Perú muchas personas que pueden hablar con amplitud y abundancia sobre  reparaciones a las víctimas, sobre todo desde las ONG´s, sin embargo es muy distinto hablar de reparación desde la gestión pública; vale decir, desde la responsabilidad de un puesto de gobierno.

Los importantes análisis y propuestas en materia de reparación suelen en muchos casos abstraer en demasía la realidad y suponer que la gestión pública se aplica en el vacío. En la realidad, hay una serie de variables muy complejas que el hacedor de política en materia de reparaciones tiene que enfrentar.

Hasta mediados del  2006 existía poca acción en la implementación de las recomendaciones de reparación, desde el Estado, y eso sucedía porque había pocos especialistas en la administración pública con el expertise necesario para implementarlas.

De otro lado, una deformación de las ONG`s en el Perú- que desde la denominada sociedad civil han dominado el discurso, no solamente de las accciones de reparación a las víctimas del proceso de violencia, sino de todo lo concerniente a los derechos humanos-  es que casi siempre han antepuesto en extremo lo ideológico a lo pragmático, lo cual no es cuestionable per se, pero aplicado al ámbito de la gestión pública genera desconcierto, ineficiencia, injusticia y finalmente ineficacia. 

La implementación -desde el Estado - de políticas de derechos humanos-sea reparaciones, políticas de género, entre otras-requiere de una tecnocracia altamente calificada en ello, pues estamos hablando de la necesaria utilización -eficiente, eficaz y oportuna - de presupuesto público. No  estamos hablando del presupuesto financiado por un país donante del primer mundo, sino de recursos de todos los peruanos.

La CMAN como órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros había comenzado a formar desde el enero del año 2007 especialistas en Reparaciones a víctimas de violencia, vale decir fue un semillero en dicha materia, pues en el mercado laboral peruano no existía profesionales - abogados, ingenieros, economistas- con dicha especialidad y "expertise" desde el sector público.

Es por ello que resultó inexplicable que al ingresar Isabel Coral Cordero a la jefatura de la CMAN se desprendiera de un grupo de 16 profesionales que habían obtenido durante 4 años una experiencia valiosa y con resultados concretos, tangibles. Los servicios profesionales de dichos técnicos muy bien pudieron haber sido utilizados para continuar la última fase de las reparaciones, o en otras políticas en derechos humanos. Pero no fue así , "los dejó ir" sin renovarles el contrato.

Mi análisis es el siguiente, si el Estado peruano invierte por cada funcionario- desde que es practicante- un monto elevado por varios años, formándolo, dándole cursos, capacitándolo en el uso de herramientas de gestión, porqué desprenderse de ellos sin ningún tipo de evaluación previa.

Con las diferencias del caso; es como si un equipo de futbol invirtiera durante cuatro años en lograr que un jugador juvenil se consagre para jugar en la profesional, y justo en el momento en ese momento, cuando podría recuperar con creces lo invertido en este jugador, pues decide sin darle su carta pase mandarlo a su casa. Inexplicable desde cualquier ángulo.

Desde aquí un saludo a todos los técnicos y profesionales que integraron la CMAN, saben de mi aprecio por ustedes. Que el 2012 les depare los éxitos que sus habilidades profesionales sustentan. 

Ministerio de Economía ¿aprobará presupuesto solicitado para reparaciones?

Las víctimas de la violencia decenas de miles de ellos provenientes de las zonas rurales se encuentran hoy en las instalaciones del Congreso de la República presionando para que el parlamento no los deje sin presupuesto digno, tal como parace ser la decisión del Ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla.

Las víctimas están sorpendidas, porque fueron los seguidores del presidente Humala Tasso, hoy en altos cargos de gobierno, muchos de ellos de corte o procedencia socialista o comunista, quienes criticaban en años anteriores al gobierno del Presidente Alan García Pérez. Acusándolo de no reparar a las víctimas tal como ellos, desde sus respectivas ONG´s, proponían interesadamente. Hoy, como funcionarios de gobierno, los que inflamaban sus pechos cuestionando al gobierno anterior no tienen la convicción de defender a las víctimas y enfrentarse al Ministro de Economía y Finanzas. Le temen porque es él quien aprueba los presupuestos. Por ejemplo, hasta ahora no escuchamos la voz de Isabel Coral Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Comisión encargada de coordinar y hacer seguimiento desde la Presidencia del Consejo de Ministros  las políticas de reparación. Esta en muda en todos los idiomas.

Hoy por hoy eligra la aprobación de presupuesto estatal para continuar reparando a las víctimas del proceso de violencia ocurrido en Perú entre los años 19801-2000. Javier Diez Canseco congresista oficialista teme con justa razón que las reparaciones a las decenas de miles de víctimas y deudos debidamente registradas durante el gobierno del Presidente  Alan García Pérez se queden sin presupuesto.

Hay que reconocer, dentro de las críticas que se le planteó al gobierno de García Pérez, que durante su gobierno se impulsó el proceso de reparar administrativamente a las víctimas del proceso de violencia. Así, en lo que respecta a reparaciones individuales económicas, en noviembre del 2010 se aprobó un presupuesto de 20 millones de nuevos soles para este sector de la sociedad peruana que vivía relegada de las decisiones de gobierno y que parece que nuevamente empieza a ser dejada de lado de la decisión gubernamental.

Mediante Decreto Supremo 051-2011-PCM el poder ejecutivo con la rúbrica del presidente García Pérez dio los nombres de los beneficiarios en la primera etapa de reparaciones individuales económicas. En julio pasado se empezó a transferir recursos a las víctimas del proceso de violencia llegando a un total de 700 personas aproximadamente. Se esperó la continuidad de las reparaciones para el mes de agosto con el nuevo gobierno, pero no fue así. Isabel Coral Cordero, nueva jefa de la  Comisión encargada de impular las reparaciones desde la Presidencia del Consejo de Ministros paralizó las tranferencias de reparaciones individuales no obstante todos los beneficiarios están notificados. 

Coral Cordero, encargada de la importante Secretaría Ejecutiva que debe seguir impulsando las reparaciones en en el Perú, por un sesgo ideológico paralizó lo realizado por el gobierno anterior. Así, desde agosto al día de hoy  no ha transferido ni un nuevo solo a las cerca de 2000 personas, restantes, que esperan con todo derecho las transferencias dinerarias a las que el Estado peruano a través del gobierno de García Pérez les aseguró mediante el señalado Decreto Supremo.

Lo cuestionable sería que los cerca de 20 millones de nuevos soles debidamente aprobados para ser ejecutados este año 2011 se reviertan, no solamente por una falta de capacidad en gestión pública sino por la más fria de las indiferencias hacia quienes más han sufrido la violencia física y mental;  y que hoy sufren la violencia de la insensibilidad humana de sus funcinaris públicos. Esta decisión de Coral Cordero es inexplicable si se toma en cuenta que ella ha sido por largos años directora de una ONG orientada a trabajar con desplazados del proceso de violencia. 

Veamos lo que el día de hoy señala el Congresista oficialista Javier Diez Canseco amigo entrañable y compañero de ideología de Isabel Coral Cordero, quien no parece entender que el ministro Miguel Castilla le sabe a sebo la frase reparación a las víctimas. Debe recordar Diez Canseco que fue el propio ministro Miguel Castilla quien siendo viceministro de haciendo durante el gobierno del presidente Alan García Pérez se opuso a aprobar presupuesto para las reparaciones. Pero a pesar de su ferrea y terca  oposición - la cual contaba con seguidores dentro de nuestra tecnocracia cavernaria en materia de derechos humanos- la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión encargada de las reparaciones logró imponerse y aprobar legalmente no solamente presupuesto para las reparaciones sino también los procedimientos y metodologías.       

Plantea consignar una partida de S/. 221 millones 200 mil para presupuesto del 2012.

Pero propuesta no recibe apoyo del ministro de Economía y Finanzas

El congresista Javier Diez Canseco (Gana Perú) pidió al jefe del gabinete Salomón Lerner el respaldo del Ejecutivo para que se asigne en el presupuesto 2012 S/. 221 millones 200 mil para reparaciones de las víctimas de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y el 2000.

En carta dirigida a Lerner el pasado 16 de noviembre, el parlamentario refirió que en el debate realizado en la Comisión de Presupuesto se planteó incluir dicho presupuesto, vía una disposición; sin embargo, la propuesta no recibió el apoyo del ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla, ni del grupo congresal que preside la primera vicepresidenta Marisol Espinoza.

Castilla había ofrecido poner el tema en debate ante la sesión del Consejo de Ministros “porque estaba empeñada la palabra del jefe del gabinete”.

Diez Canseco le recordó a Lerner su promesa, planteada cuando fue al Congreso a exponer la política general del gobierno, de reparar a miles de víctimas de la violencia, con la meta de cubrir a 6,700 víctimas en el 2012 y llegar al 50% de las beneficiarias hasta el 2016.

También abogó por el dictamen que ordena al Ministerio de Economía y Finanzas retener hasta 3% de su presupuesto anual de pliegos que tengan deuda con Essalud.

http://www.larepublica.pe/22-11-2011/javier-diez-canseco-reclama-presupuesto-para-reparaciones

Reparaciones: cuando lo perfecto es enemigo de lo bueno

Cuando en junio del año 2001 el Presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad (que posteriormente el presidente Alejandro Toledo añadiría "y Reconciliación") nunca habría imaginado que las recomendaciones que entregaría la flamante Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) serían utilizadas como banderas políticas e ideológicas que terminarían enfrentando muchos más a los peruanos, y tampoco habría imaginado que el Estado peruano necesitaría, casi diez largos años, para que las decenas de miles de víctimas de veinte años de violencia recibieran, por primera vez, las primeras manifestación estatales de reparación económica.

Sin embargo, un breve balance de las políticas públicas registradas desde que Paniagua firmara el Decreto dando origen a la CVR - Supremo 065-2001-PCM- en junio del 2001, hasta la fecha, nos demuestra que, no obstante los vaivenes de la política de reparaciones, ésta ha ido convergiendo hasta tomar el cuerpo requerido. Mi diagnóstico es que desde un inicio no se tuvo en cuenta propuestas operativas necesarias para implementarlas, más allá de la visión necesaria de reparar a las víctimas.

La CVR había perfilado la necesidad de reparar, pero no llegó a esbozar en los dos años de trabajo que invirtió: el cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni había definido con adecuada precisión ligada a una sustentada definición, a quiénes se debía reparar. La demora en el diseño y la implementación, en estos diez años, tiene sus causas en la lentitud de las repuestas del Estado peruano a esas preguntas. Lentitud explicada por el caracter subjetivo alrededor de las reparaciones.

Desde su creación, en febrero del 2004, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) como órgano de gobierno encargado de coordinar e impulsar las acciones de reparación -precisadas por la CVR- desde el Estado peruano, registró en su interior una serie de discusiones que denotaban una grave confusión entre Política de Reparaciones y lo que son en esencia los programas sociales. Esto dificultaba desde un inicio el CÓMO.

Nuestra burocracia más calificada, no estaba debidamente sensibilizada sobre lo que significaba, en materia presupuestaria ni de derechos humanos, reparar a miles de víctimas de la violencia. Hubo amplios y densos debates alrededor de aspectos conceptuales y la homogeneización de conceptos básicos. Meses de inversión que se convirtieron en años de debates de conceptuales necesarios para determinar los presupuestos públicos.

Una serie de motivos impidieron que las definiciones adoptadas por la CVR fueran adoptadas con suma facilidad por los técnicos de la CMAN de los años 2004, 2005 y 2006. Por ejemplo, se registraron amplias discusiones, casi filosóficas alrededor de la definición y determinación del universo de víctimas que serían reparados por el Estado. Presentándose propuestas muy diversas entre las que destacaban incluir asesinados, desaparecidos, mutilación y violación sexual, dejando de lado por ejemplo desplazados, torturados, hijos producto de abuso sexual.

De otro lado, era necesario establecer un clasificador de reparaciones que permita cuantificar los recursos financieros necesarios para responder adecuadamente las exigencias de lo que posteriormente demandaría las Reparaciones Económicas Individuales. Este clasificador no fue nunca implementado.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo a través de su máximo representante habría propuesto, en octubre del 2004, postergar la creación de un Registro Nacional de Víctimas (hoy Registro Único de Víctimas) mientras no se cumpliesen requisitos previos como la falta de claridad respecto al compromiso explícito del gobierno del Presidente Toledo de atender las reparaciones dinerarias individuales.

Es por eso que resulta deshonesto con la realidad que la nueva Secretaria Ejecutiva de la CMAN, Isabel Coral Cordero, que tuvo un papel preponderante en la CMAN, entre los años 2004 y 2006, manifieste hoy, que a partir del 2007 prácticamente no se hizo NADA en materia de reparaciones a las víctimas del proceso de violencia.

Sus declaraciones, en varios medios escritos de difusión nacional buscan, así, una extraña forma de reconciliación entre peruanos.

Ella señala que durante el gobierno del Dr. Alejandro Toledo, participó en la formulación del “primer plan nacional de reparaciones”. El nombre real fue “Plan Nacional de Reparación de Secuelas de la Violencia Política” y fue presentada por el MIMDES en marzo del 2004. Una de las razones del porqué el propio gobierno del Presidente Toledo no lo pudo implementar, consiguiendo los resultados requeridos, fue porque contenía un defecto grave en el diagnóstico. Incluyó como parte de una de sus políticas marco un “Plan de Paz y Desarrollo”. El Plan de Paz y Desarrollo orientado a las zonas con mayor secuela de la violencia nunca vio la luz; durmió el sueño de los justos, porque facilitó la confusión al más alto nivel de gobierno, entre lo que significa acciones de desarrollo propias del Estado con las de reparación.

De otro lado, las reparaciones como políticas públicas no solamente necesitan recursos presupuestados; necesitan también de un diseño de política. Al ser recursos públicos, la utilización de los fondos de reparación requieren cumplir las exigencias legales necesarias para no incurrir en malversación.

El diseño y la implementación de las políticas públicas en materia de reparaciones han representado todo un proceso de aprendizaje en el Perú; éste obviamente ha ido mucho más allá de la elaboración del Informe de la CVR.

Los comentarios vertidos por la nueva Secretaria Ejecutiva de la CMAN, deja de lado una serie de variables económicas y de políticas públicas necesarias a ser tomadas en cuenta por todo police maker. Al concluir el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN - de la que ella formó parte importante- no dejó al siguiente gobierno ningún listado oficial de víctimas o beneficiarios individuales a quienes reparar.

Sin aquel listado- aún así se hubiera contado con los 1150 millones de nuevos soles de los que habla actualmente como necesarios para reparar- no su hubiera podido transferir ni un solo nuevo sol a ningún beneficiario sin ser observado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Si no se cuenta con un listado oficial, cómo se va a entregar recursos públicos con la seriedad que el caso merece?

En ausencia de aquel registro- actualmente conocido como Registro Único de Víctimas- a finales del 2006 el gobierno de Alan García impulsó el Consejo de Reparaciones, y facilitó los presupuesto para que este órgano de gobierno cumpliera por primera vez con su función de registrar y acreditar a las víctimas. Así, a finales del 2007 se dió inicio por primera vez luego de seis años al proceso de acreditación de víctimas. Y fue la Presidencia del Consejo de Ministros quien se encargó directamente de ello a través del Consejo de Reparaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas jamás hubiera facilitado su visto bueno para aprobar canalizar recursos a personas que siendo víctimas o beneficiarios no estuvieran debidamente acreditados, tal como lo señala la misma Ley N°28592 aprobada en julio del año 2005, y su reglamento (RM 015-2006-JUS).

Respecto a las reparaciones colectivas, a finales del año 2005 –durante el gobierno del Presidente Toledo- la CMAN avaló transferir alrededor de siete millones de nuevos soles a FONCODES, órgano del MIMDES, para financiar lo que se denominó PERU REPARA. Al final, el componente reparador nunca existió. ¡¡¡Las víctimas de las mismas comunidades rurales que habían sufrido los embates de Sendero Luminoso nunca supieron que las obras que en sus jurisdicciones se construyeron formaban parte de las reparaciones!!!

El año 2007, durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez, se realizó un cambió radical de dicha metodología. En adelante, las mismas comunidades serían priorizadas por el Gobierno Nacional en función de la concentración de víctimas registradas y además serían ellas quen expresarían de manera democrática el tipo de obra que requerían, sustentada mediante acta comunal canalizada a la CMAN. Esta acción de participación a su vez fortalecía la institución comunal delibitada por las acciones de Sendero Luminoso.

En muchos casos los tiempos y exigencias de la burocracia, tanto nacional como municipal, han hecho que los procesos de ejecución presupuestaria en materia de reparaciones sean lentos. Sin embargo, se avanzó desde cero comunidades adecuadamente reparadas -que fue lo que se encontró en materia de reparaciones colectivas en agosto de 2006- hasta cerca de 1500 comunidades reparadas colectivamente con participación directa de las propias comunidades al mes de julio de 2011.

Asimismo, se llegó a intervenir decenas de comunidades ubicadas en zonas de alta tensión social como el VRAE y el Alto Huallaga ( Aucayacu y Valle del Monzón) . Se hicieron obras con sentido reparador en caseríos en donde nunca antes había habido presencia estatal.

Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en materia de reparaciones. Pero primero terminemos de definir quiénes son las víctimas y familiares que serán reparados individualmente con recursos dinerarios. También se debe lograr que las universidades estatales adopten los beneficios para los huérfanos en materia educativa contenida en el Decreto Supremo 047-2011 PCM de mayo último; y dialogar con el Ministro de Economía para que facilite el financiamiento para la BECAS PIR que ya fueron diseñadas por el Ministerio de Educación entre el 2010 y 2011.

Finalmente, señalar que existe un presupuesto aprobado para reparar individualmente este año 2011 y que ha posibilitado, a través del Decreto Supremo 051-2011-PCM de junio último, la transferencia–entre la primera y tercera semana de julio- de reparaciones económicas a cerca de 600 personas de las 2700 priorizadas para este año. La totalidad de ellos son ancianos mayores a 65 años. Sin embargo, las 2100 personas restantes aún no reciben sus reparaciones económicas desde el primero de agosto. Y ya han pasado más de dos meses!!

Si el objetivo es incrementar el monto a ser transferido por víctima y/o beneficiario, este puede ser nivelado posteriormente mediante otro Decreto Supremo. Existen 2100 ancianos víctimas (padres de víctima, viudas, discapacitados y mujeres abusadas sexualmente) que esperan estas reparaciones económica. Solamente rogamos que estos recursos aún no transferidos no vayan a ser revertidos es decir devueltos al tesoro público, por el tiempo transcurrido.

Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Reparaciones Económicas en Perú

Reparaciones a la víctimas de violencia

Viene transcurriendo varias semanas desde que se inició formal y efectivamente la entrega de reparaciones económicas a las víctimas del proceso de violencia sufrido en el Perú entre los años 1980 y 2000. El Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, aprobado en junio del 2011, precisó los alcances de estas reparaciones.

Estas reparaciones de carácter económico alcanzan, en esta primera etapa, a mujeres víctimas de violación sexual y a discapacitados; a madres y padres de víctimas asesinadas y/o desaparecidas; y a viudas o viudos. Los huérfanos y huérfanas se sumarán a este grupo de afectados el año 2012.

A la fecha existen 125 mil personas inscritas como víctimas en el Registro Único de Víctimas. Esta labor la realiza desde fines del 2007 el Consejo de Reparaciones; órgano administrativo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros del gobierno peruano.

Entre los inscritos figuran también quienes perdieron la vida o se encuentran en calidad de desaparecidos. Al mes de diciembre de 2010, éstos suman 21 253 víctimas mortales; entre las cuales tenemos 16 109 asesinados y 5144 desaparecidos.

La tarea de registro es gravitante para las reparaciones administrativas que se vienen registrando en el Perú. Cabe indicar que el referido Decreto Supremo representó el inicio de reparaciones que no son de naturaleza judicial. La CMAN, que es otro órgano administrativo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivo, a diferencia del Consejo de Reparaciones, coordinar e impulsar las acciones propias de la reparación.

La CMAN ha participado en la elaboración de las normas legales que sustentan las acciones gubernativas de reparación. Resultado de su aporte son la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (Ley N°28592), emitida en julio de 2005, y su Reglamento (DS N° 015-2006-JUS), en vigencia desde julio de 2006. Adicionalmente, en estos últimos cuatro años la CMAN ha diseñado, coordinado e impulsado la ejecución de las acciones de Reparación Colectiva, Reparación en Salud, Reparación en Educación y finalmente la Reparación Económica.

Considero que uno de los primeros retos como política pública del actual gobierno en materia de reparaciones es llevarlas hacia los grupos víctimas de desplazamiento forzoso. Para ello es necesario identificar adecuadamente las zonas en las que se han establecido, de manera que las reparaciones se encuentren debidamente focalizadas y no se pierda eficiencia en el camino de repararlos eficazmente.

La reparación a grupos desplazados debe tener presente los diez enfoques propios de estas acciones que se encuentran plasmadas en el reglamento de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Entre los cuales debería resaltarse los vinculados a género, integralidad, sostenibilidad y derechos humanos.

Inicio de las Reparaciones Económicas en Perú

Perú: Paniagua y la CVR.

Un tributo a Valentín Paniagua, a 10 años de la creación de la CVR

En octubre del 2006 falleció uno de los hijos ilustres del Perú, Valentín Demetrio Paniagua Corazao. Y aunque su ejemplo de vida no debería pasar desapercibido, tengo la sospecha que ello está sucediendo. Espero equivocarme. Pero por si acaso, quisiera manifestar, lo poco que he llegado a conocer de él revisando algunas fuentes escritas. Debo manifestar que la sabiduría de Paniagua -un halo de tranquilidad, sencillez y capacidad - despertó mi admiración hace algunos años, cuando, gracias a la invitación de un buen amigo, tuve la oportunidad de escucharlo exponer en un evento académico - institucional, una de cuyas fotografías he logrado adjuntar. En esa ocasión había transcurrido pocos meses desde que había entregado el cargo de Presidente de la República a su sucesor.

 Fuente: http://www.hlsa-peru.org/

Hace poco más de dos semanas se cumplieron 10 años de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Ésta fue constituida un cuatro de junio del 2001 a través de un Decreto Supremo firmado por el Presidente Paniagua. Pero el aniversario este importante acontecimiento, así como el reconocimiento a la figura y el ejemplo de vida de Paniagua  ha sido insuficiente, ha sido mezquino, tanto desde las instituciones de la Sociedad Civil como desde el propio Estado. 

Investido como Presidente del Perú, luego de la abrupta caída del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, Paniagua constituyó la CVR que, luego de dos años de trabajo, entregaría su informe final estableciendo en él una serie de recomendaciones al Estado; destacando entre ellas las reparaciones a los sobrevivientes de la violencia; estando entre ellas personas que perdieron familiares y/o que fueron afectados directamente. Víctimas de un proceso de violencia que empezó en mayo de 1980 y culminó, teóricamente, en noviembre del 2000.

Fuente: http://www.elmundo.es/

Integrada en su gran mayoría por destacados profesionales vinculados, académica y socialmente, a la defensa de los derechos humanos, la CVR levantó una serie de testimonios a nivel nacional, los cuales serían utilizados como sustento para sus recomendaciones. Éstas, si bien legalmente no obligaban al Estado Peruano a cumplirlas, representaron, sí, un imperativo moral. Y aquí lo destacable es que los sucesores de Paniagua en Palacio de Gobierno vieron en las recomendaciones de reparación individual ese imperativo moral que permitió la posterior implementación de las reparaciones a las víctimas.

Víctimas, Sociedad Civil y Paniagua

Las acciones de reparación están orientadas hacia aquellas víctimas a quienes la demencial violencia, principalmente del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, convirtió en mujeres abusadas sexualmente, en hijos producto de esos críminales actos, en huérfanos; en huérfanas; en viudas; en viudos; en discapacitados; en torturados; en padres y madres de interminables y desconsoladoras búsquedas de hijos e hijas desaparecidos; en madres y niños- hoy jóvenes- de recuerdos imborrables al ser testigos presenciales de torturas a sus familiares directos.

Y es que Sendero Luminoso y su terrorismo no tuvieron piedad. No existen en la historia republicana del Perú un espacio en donde se registre tanta crueldad y saña. Y es que Sendero Luminoso no respetó ni edad, ni género, ni condición económica. Líderes de las comunidades campesinas y nativas fueron sometidos en público a situaciones deshonrosas e indignas con el objetivo de ser desacreditados socialmente. Eso, y muchos más, fue Sendero Luminoso y su terror.

A aquellas criminales acciones se sumaron, también, determinados agentes del Estado, que incumplieron con el imperativo moral del respeto a la dignidad, intrínseco en cada ser humano. La llegada de Paniagua a la Presidencia, establecería el inicio de las sanciones correspondientes a quienes desde el Estado no solamente desprotegieron sino que cometieron actos criminales.

En la gran ciudad de Lima y en las principales capitales de las provincias existen peruanos viviendo en condición de desplazados, muchos de ellos se encuentran en condicines de pobreza extrema. Y aunque han logrado reunirse en algunas asociaciones, sufren de muchos problemas vinculados a la propiedad de sus precarias viviendas, a su salud física y mental, a una educación de calidad, alimentación, servicios básicos, entre otros. Muchos de ellos "fueron" campesinos quechua hablantes que vivían en el Ande y nativos de diferentes etnias de nuestra selva amazónica, que tuvieron que huir amenazados por la violencia, y se alojaron como pudieron en diferentes zonas urbanas del país, ya sea en "invasiones", casas de familiares o cuartos alquilados.

Todo ello fue entendido por algunos peruanos como Valentín Paniagua, quien como Presidente de la República asumiría importantes decisiones, abriendo, en principio las puertas del Estado a diferentes representantes de la sociedad civil, invitándolos a participar de su gobierno. Sin esa posibilidad, que él mismo brindó, muchas propuestas en materia de derechos humanos, no habrían sido tomadas en cuenta ni hubieran sido convertidas en políticas públicas.

Paniagua  y su contexto

Si revisamos la historia del Perú desde su año fundacional, en 1821, vamos a registrar con facilidad un elevado número de gobiernos autoritarios- en casi su totalidad liderado por militares- con algunos breves periodos de regímenes democráticos. Sin embargo, sin importar el contexto dictatorial el Perú siempre ha producido hijos ilustres, prohombres, personalidades con profundos valores democráticos. Muchos de ellos han sido destacados humanistas y defensores de la dignidad humana. Ésta, es una categoría moral que solamente espíritus realmente sensibles a la vida  pueden entender en toda su amplitud.

Valentín Paniagua fue uno de esos preclaros hijos del Perú que no solamente promovió el respeto a la dignidad humana, sino también fue una constante en su conducta de vida.

Cuzqueño de nacimiento, Valentín Paniagua es un peruano universal. Comenzó desde muy temprano interesado por los problemas del país, y por tanto no es de extrañar que desde muy joven formara parte de un partido político democrático. A temprana edad, Valentín Paniagua, dado su espíritu y su formación familiar, nunca optó por quedarse en el limbo de la indefinición política ni ideológica que es una constante en nuestros tiempos. A temprana edad tuvo la oportunidad de desempeñar cargos públicos de elevada responsabilidad. Durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963- 1968), fue considerado el Ministro de Justicia más joven de esos tiempos.

Paniagua, es de esa pléyade de políticos de raza, a los que uno gustaría volver ver en el Parlamento, deliberando y elevando el arte de la política. Es de aquellos hombres que no solamente han llevado una vida ejemplar, sino de aquellos que lograron internalizar la experiencia vivida, aprender de ella y convertirse en ejemplo de cómo enfrentar con decencia y honestidad las vicisitudes que se nos presentan. Paniagua no sólo defendió la Democracia como sistema político, él fue como persona, también, un Demócrata a carta cabal. Se debe precisar que ambas características personales no siempre están conciliadas en el ser humano. Pues muchos suelen ser titanes defensores del sistema político democrático y, simultáneamente ser, desde sus respectivas vidas privadas y profesionales, los más radicales intolerantes; descalificadores de ideas distintas.

Era Paniagua quien, por gozar de la trayectoria, por gozar de la honestidad y de la sabiduría necesaria, quien tendría el encargo de encausar nuevamente al Perú por la senda de la democracia política, camino del cual nos habíamos alejado progresivamente durante el gobierno de Alberto Fujimori.

La CVR de Paniagua.

En un inicio surgieron críticas alrededor de la orientación política e ideológica de los integrantes de la CVR, pero éstos eran provenientes de temores naturales teniendo en cuenta que se vivían momentos en que, emocionalmente, el desánimo, el rencor y la desorientación política prevalecían por doquier. Pues entre los objetivos de esta se encontrabam, también, el esclarecimientos de los actos ciminales cometidos y así como brindar luces sobre sus responsables estatales.

Algunos grupos políticos temían ajustes de cuenta, mientras otros tenían la posibilidad y la oportunidad de levantar banderas de revanchas políticas y personales. En ambos casos las posiciones tal vez eran legítimas, pero no era conveniente mantener dicha dicotomía, era innecesario para la Transición tener grupos enfrentados. Fue la sabiduría de Paniagua, quien pondría calma y paños fríos sobre mentes afiebradas. No por algo el parlamento en pleno había visto en él alguien con la legitimidad política y personal para tranquilizar "las aguas" que sin lugar a dudas estarían- y estuvieron- movidas durante el proceso de transición democrática y llevar a buen puerto a todos los peruanos en ese periodo crítico que empezó a finales del 2000 y concluyó en julio del 2001.

En su breve paso por Palacio de Gobierno, Paniagua reabrió las puertas del Estado a muchas personalidades de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Por tanto no era de extrañar que fuera él quien constituyera la CVR. Por su formación humanista y jurídica, por su procedencia de un partido político democrático, siempre había sido permeable a las ideas que desde la sociedad civil se construían con el objetivo de reivindicar los derechos fundamentales. En esta ocasión tuvo el cuidado de poner mesura e instaurar el equilibrio necesario, capacidad que también es adquirida cuando se ha tenido la responsabilidad de formar parte de la Administración Pública.

Por todo ello, creo que algunos miembros de la clase política peruana y organizaciones de la sociedad civil, han pasado por alto el gran aporte y ejemplo de Valentín Paniagua Corazao, a quien considero, a título personal, el padre de la CVR. Hubiera sido este momento en que se conmemora los diez años de la CVR oportunidad para que miles de jóvenes que no llegaron a conocerlo, supieran que no se necesita retroceder décadas ni siglos para encontrar a un peruano ejemplar en la política, que gozó del aprecio y del respeto de las generaciones que tuvieron la experiencia de conocerlo.

Reparaciones a la víctimas. Luego de Paniagua

Luego que la CVR entregara su informe final en agosto del 2003, se han realizado innumerables acciones desde los diferentes gobiernos, las cuales han estado siempre encaminadas a alcanzar las reparaciones a las víctimas. Describiremos brevemente algunas acciones.

Alejandro Toledo Manrique: Las Normas

(Julio 2001-Julio 2006)

Concluida la gestión gubernamental de Paniagua, el presidente Alejandro Toledo Manrique recibió en agosto del 2003, el informe final elaborado por la CVR. Con ese acto ésta concluía, también, sus funciones. Poco tiempo después, en febrero del año 2004 el gobierno de Alejandro Toledo creó la comisión –CMAN(1)- que se encargaría de diseñar, coordinar e impulsar las reparaciones, que formaban parte de las recomendaciones de la CVR.

La CMAN como órgano adscrito a  la Presidencia del Consejo de Ministros participó brindando pautas en la elaboración del proyecto de ley que en julio del 2005 llegaría a convertirse en la "Ley que Crea el Plan Integral de Reparaciones" Ley N°28592. Es Integral porque se consideró que las víctimas por las características de la violencia sufrida y por las secuelas registradas, requieren atenciones que contemplen servicios de salud, servicios educativos, facilidades habitacionales, recursos económicos, entre otros. (1) http://www.planintegraldereparaciones.gob.pe/portada.php?Id=1&opcion=CMAN

Esta Ley fue uno de los frutos más importantes del Congreso de la República en el periodo del Presidente Alejandro Toledo. Posteriormente en julio del 2006, un año después, y poco antes que culminara su gobierno, el Ministerio de Justicia aprobó el Reglamento de la señalada Ley. Así, mediante Decreto Supremo 015-2006-JUS se establecen los detalles necesarios para implementar la “Ley de Reparaciones”. En él está señalado el desarrollo de cada uno de los programas de reparaciones.

Alan García Pérez: La Implementación 

(julio 2006-julio 2011)

Cuando en julio del año 2006 el Dr. Alan García Pérez asumió la conducción del gobierno, se aprobó casi de inmediato un crédito suplementario por 30 millones de nuevos soles que se orientaron a la implementación de las acciones de reparación contempladas en la Ley N° 28592. Se consiguió, además, que el FEDADOI(*) transfiriese 15 millones de nuevos soles a la causa de las reparaciones. Así, antes de culminar los primeros cuatro meses de su gobierno ya se contaba con 45 millones de nuevos soles. [*] http://www.minjus.gob.pe/normatividad/decretos/ds001-2002-jus.pdf

Sin embargo, la nueva gestión encontró que no existía un adecuado registro de víctimas individuales; quienes serían los sujetos de transferencias de recursos económicos como parte del Programa de Reparación Económica.

Ante ello se consideró conveniente crear en el más breve plazo el Consejo de Reparaciones, designando como presidenta de este órgano de gobierno a Sofía Macher Batanero(**), representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este órgano gubernamental adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, en setiembre del 2006, mediante Decreto Supremo firmado por el presidente Alan García Pérez(***), tiene entre sus funciones constituir el registro de las víctimas individuales ( libro I) y el registro de comunidades afectadas ( Libro II) . (**) http://www.registrodevictimas.gob.pe/archivos/RM-373-2006-PCM.pdf
(***) http://www.registrodevictimas.gob.pe/archivos/ds_062-2006-PCM.pdf

Reparaciones Colectivas

Mientras se constituía el Registro de Víctimas, conocido como Registro Único de Víctimas (RUV)- aludiendo indirectamente a la amplia dispersión que existía previamente- el gobierno del Dr. García Pérez optó por reorientar los recursos hacia el financiamiento de las reparaciones colectivas. Éstas también forman parte de las recomendaciones de la CVR y de la Ley de Reparaciones. Al cierre de mayo un total de 1634 comunidades campesinas y nativas- con un elevado número de víctimas mortales y desaparecidos-a nivel nacional han sido reparadas colectivamente por el gobierno de Alan García Pérez, en un proceso en donde los pobladores eligieron, democraticamente los proyectos. El gobierno nacional financió cada una de las obras siendo responsable de la ejecución las respectivas municipalidades.

Progresivamente, se han desarrollado dispositivos legales brindando mayores beneficios a las víctimas en lo que se empieza a definir como la Reparación Individual en Salud. El Seguro Integral de Salud (SIS) tiene un beneficio diferencial incremental para las víctimas registradas. Este beneficio cubre atenciones vinculadas a la salud mental, intervenciones quirúrgicas y médicas, gratuidad de medicinas, atenciones de neoplasia, salud bucal, entre los principales servicios. Estas acciones se encuentran implementadas a nivel nacional.

Progresivamente se va perfilando, también, la Reparación Individual en Educación. Las víctimas acreditadas gozan de beneficios a nivel superior universitario y técnico de acuerdo a los establecido en el Decreto Supremo N°047-2011-PCM (24 de mayo de 2011). Los beneficios plasmados en la ley van desde la exoneración de pagos de pagos tanto a nivel del derecho de examen de admisión, matrícula, becas, hasta reserva de vacantes determinadas para ellos. Ello posibilita la equidad entre quienes son huérfanos del proceso de violencia y quienes no lo son. Estos beneficios se encuentran a disposición de los acreditados en el Registro Único de Víctimas.

Finalmente, mediante Decreto Supremo N°051-2011-PCM (16 de junio de 2011) se aprobaron las Reparaciones Económicas. Éstas, en su primera etapa se orientan a canalizar recursos a 3316 adultos mayores, de los cuales 2583 son viudas y viudos mayores de 65 años. 586 son padres de jóvenes asesinados y desaparecidos. Estas acciones se realizarán en un marco simbólico teniendo por objetivo último reencontrar al Estado con los ciudadanos. Establecer ese puente que se quebró o que tal vez nunca existió entre el Estado y las víctimas.

Esto es un solamente paso de todo un largo camino por recorrer desde el Estado peruano, orientado a reconocer o ampliar derechos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Avanzar en ello requiere visibilizar a las víctimas. Es decir, requiere saber “quiénes son”, requiere saber “dónde están”, requiere saber “qué labores realizan”, requiere conocer “qué problemas derivados de la violencia sufrida -ya en condiciones de huérfanos, viudas, padres de víctimas, discapacitados, violadas sexualmente, desplazados, padres de víctimas- vienen enfrentando".

El Estado peruano desde Valentín Paniagua Corazao como Presidente de la República ha manifestado un gran avance y un positivo cambio de dirección en materia de Derechos Humanos, y es bueno saber que la política de reparaciones ha tenido continuidad a través de diferentes gobiernos.

Teniendo en cuenta nuestra historia, cubierta por gobiernos autoritarios y militares, la figura de Paniagua como ser humano, como político  y como presidente democrático debe ser rescatada como ejemplo a presentes y futuras generaciones de jóvenes. 

                                         Imagen: Diario La República -Perú

Continuidad y vaivenes de la Política de Reparaciones en el Perú

Reparaciones en Perú - Breve Balance

En el Perú la decisión estatal de reparar a las víctimas del proceso de violencia sufrido entre los años 1980 y 2000 descansa en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional - (CMAN)- coordina, supervisa y diseña la política de reparaciones.Órgano rector de las reparaciones a la víctimas en el Perú

Otro órgano adscrito a la PCM, que ha sido creado durante la presente administración gubernamental con el propósito de tener por primera vez un registro de la víctimas directas e indirectas de la violencia, es el Consejo de Reparaciones (CR); cuyos integrantes fueron designados por el actual gobierno mediante Resolución Ministerial 373-2006-PCM. A la fecha existe un número superior a las 100 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas.

Desde fines del 2006 y principios del 2007 la CMAN diseñó el Programa de Reparaciones Colectivas con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del capital social e institucional, material y económico-productivo de las familias y comunidades rurales y urbanas afectadas por el proceso de violencia en los departamentos más afectados en el Perú durante el proceso de violencia.

A la fecha, existe alrededor de 1500 comunidades rurales, entre campesinas y nativas reparadas colectivamente. Estas se encuentran principalmente en los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac, San Martín, Puno, Ucayali, Pasco y Cuzco. A diferencia de los programas sociales, se ha brindado un fuerte sentido simbólico a estas obras, en donde la comunidad no solamente elige y prioriza la obra, sino además participa en su ejecución. Se busca internalizar en la población que es en memoria de las víctimas que dichas obras han sido financiadas y ejecutadas. Se busca así recomponer lazos entre el Estado y las  víctimas, aunque en algunos casos, principalmente en las zonas rurales, percibimos que en el pasado ese vínculo nunca existió.  

La CMAN impulsó, además, desde el 2008 los Programas de Reparaciones en Educación y en Salud, ambas de naturaleza individual. A la fecha el Ministerio de Salud ha establecido, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), beneficios diferenciados a favor de quienes se encuentren registrados como tales por el Consejo de Reparaciones; entre ellos tenemos miles de huérfanos, viudas, discapacitados, hijos con problemas severos de salud mental, desplazados, padres de víctimas, miles de mujeres violentadas sexualmente, cuyos problemas cotidianos son "invisibles" para una gran parte de la población peruana que se ha vuelto insensible ante el dolor de aquel a quien consideran "los otros". Se ha buscado visibilizar la problemática que enfrentan las víctimas sobrevivientes y sus deudos.

Asimismo, varias instituciones educativas públicas han adecuado sus reglamentos de admisión en beneficio de las víctimas debidamente acreditadas por el Estado Peruano. Aunque falta afinar ambos programas, ya existe, entre los funcionarios de las instituciones involucradas, conocimiento sobre el sentido de las reparaciones.

Se inició durante el actual periodo gubernamental la implementación de los Programas que componen el Plan Integral de Reparaciones, propuesta que formó parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación  al Estado Peruano. Esta comisión, como se recordará, fue un órgano gubernamental que mientras existió estuvo adscrita a la PCM, tal como se desprende del Decreto Supremo N°065-2001-PCM; esta fue su partida de nacimiento, y fue firmada por el Dr. Valentín Paniagua Corazao en junio del 2001, siendo Presidente de la República.

Nota aparte tiene el Programa de Reparaciones Económicas, el mismo que ha sido diseñado por el gobierno nacional a través de una Comisión Técnica presidida por el Secretario Ejecutivo de la CMAN. La decisión de crear esta comisión - mediante Resolución Suprema N°171-2010-PCM- demuestra una vez más la voluntad política que ha tenido el gobierno de impulsar las Reparaciones. El 31 de enero último esta comisión entregó su informe técnico con los lineamientos para determinar los montos, procedimientos y modalidades de pago a favor de las víctimas.

Se cuenta a la fecha con un presupuesto de 40 millones de nuevos soles que, a solicitud de Presidencia del Consejo de Ministros, fue aprobado por el Congreso de la República el 29 de noviembre dentro del Presupuesto General de la República, con la finalidad exclusiva de financiar las acciones de Reparación. La mitad de dicho presupuesto estaría siendo orientado a las Reparaciones Económicas que tienen una naturaleza individual.

El Estado peruano democrático- desde el Dr. Valentín Paniagua hasta el Dr. Alan García, pasando por el Dr. Alejandro Toledo- con los vaivenes propios de una burocracia altamente inestable, pendulante laboralmente, debido a la ausencia de una adecuada Ley de la Carrera Pública pudo, en un inicio, talvez, no entender con claridad el sentido de las acciones de Reparación; sin embargo nunca se opuso a su implementación, sino todo lo contrario.

Al margen de las discrepancias naturales de algunos representantes de los  Organismos no Gubernamentales, las reparaciones en el Perú han demorado por dificultades estructurales propias de la dispersión y de la identificación de las víctimas, pero la voluntad política de reparar es un derecho que el Estado peruano democrático ha sabido respetar, promover e impulsar demostrando así su crecimiento democrático.

Queda aún mucho por hacer, sin duda, pero ya contamos con una legislación adecuada que empezó con un hito, la ley N° 28592 en el año 2005, y que luego se complementó con su respectivo reglamento, el Decreto Supremo N°015-2006-JUS. Asimismo ya el actual gobierno no solamente ha avanzado siginificativamente en registrar a las víctimas individuales y colectivas, sino además ha aprobado recursos económicos para estos fines. 

Sin lugar a dudas los organismos de la sociedad civil han contribuido de manera significativa en este avance estatal. Algunas veces impulsando, otras veces cuestionando, pero siempre sus propuestas han sido analizadas y discutidas en el ceno del gobierno. Pues la CMAN es un órgano de gobierno que tiene como uno de sus miembros de "directorio" a representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organismo de la Sociedad Civil que tiene una gran legitimidad, dentro y fuera del país, en la defensa y promoción de los derechos humanos.

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Eco. Eduardo Olivos Meza

eduardo.olivos@pucp.edu.pe