Reparaciones: cuando lo perfecto es enemigo de lo bueno

Cuando en junio del año 2001 el Presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad (que posteriormente el presidente Alejandro Toledo añadiría "y Reconciliación") nunca habría imaginado que las recomendaciones que entregaría la flamante Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) serían utilizadas como banderas políticas e ideológicas que terminarían enfrentando muchos más a los peruanos, y tampoco habría imaginado que el Estado peruano necesitaría, casi diez largos años, para que las decenas de miles de víctimas de veinte años de violencia recibieran, por primera vez, las primeras manifestación estatales de reparación económica.

Sin embargo, un breve balance de las políticas públicas registradas desde que Paniagua firmara el Decreto dando origen a la CVR - Supremo 065-2001-PCM- en junio del 2001, hasta la fecha, nos demuestra que, no obstante los vaivenes de la política de reparaciones, ésta ha ido convergiendo hasta tomar el cuerpo requerido. Mi diagnóstico es que desde un inicio no se tuvo en cuenta propuestas operativas necesarias para implementarlas, más allá de la visión necesaria de reparar a las víctimas.

La CVR había perfilado la necesidad de reparar, pero no llegó a esbozar en los dos años de trabajo que invirtió: el cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni había definido con adecuada precisión ligada a una sustentada definición, a quiénes se debía reparar. La demora en el diseño y la implementación, en estos diez años, tiene sus causas en la lentitud de las repuestas del Estado peruano a esas preguntas. Lentitud explicada por el caracter subjetivo alrededor de las reparaciones.

Desde su creación, en febrero del 2004, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) como órgano de gobierno encargado de coordinar e impulsar las acciones de reparación -precisadas por la CVR- desde el Estado peruano, registró en su interior una serie de discusiones que denotaban una grave confusión entre Política de Reparaciones y lo que son en esencia los programas sociales. Esto dificultaba desde un inicio el CÓMO.

Nuestra burocracia más calificada, no estaba debidamente sensibilizada sobre lo que significaba, en materia presupuestaria ni de derechos humanos, reparar a miles de víctimas de la violencia. Hubo amplios y densos debates alrededor de aspectos conceptuales y la homogeneización de conceptos básicos. Meses de inversión que se convirtieron en años de debates de conceptuales necesarios para determinar los presupuestos públicos.

Una serie de motivos impidieron que las definiciones adoptadas por la CVR fueran adoptadas con suma facilidad por los técnicos de la CMAN de los años 2004, 2005 y 2006. Por ejemplo, se registraron amplias discusiones, casi filosóficas alrededor de la definición y determinación del universo de víctimas que serían reparados por el Estado. Presentándose propuestas muy diversas entre las que destacaban incluir asesinados, desaparecidos, mutilación y violación sexual, dejando de lado por ejemplo desplazados, torturados, hijos producto de abuso sexual.

De otro lado, era necesario establecer un clasificador de reparaciones que permita cuantificar los recursos financieros necesarios para responder adecuadamente las exigencias de lo que posteriormente demandaría las Reparaciones Económicas Individuales. Este clasificador no fue nunca implementado.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo a través de su máximo representante habría propuesto, en octubre del 2004, postergar la creación de un Registro Nacional de Víctimas (hoy Registro Único de Víctimas) mientras no se cumpliesen requisitos previos como la falta de claridad respecto al compromiso explícito del gobierno del Presidente Toledo de atender las reparaciones dinerarias individuales.

Es por eso que resulta deshonesto con la realidad que la nueva Secretaria Ejecutiva de la CMAN, Isabel Coral Cordero, que tuvo un papel preponderante en la CMAN, entre los años 2004 y 2006, manifieste hoy, que a partir del 2007 prácticamente no se hizo NADA en materia de reparaciones a las víctimas del proceso de violencia.

Sus declaraciones, en varios medios escritos de difusión nacional buscan, así, una extraña forma de reconciliación entre peruanos.

Ella señala que durante el gobierno del Dr. Alejandro Toledo, participó en la formulación del “primer plan nacional de reparaciones”. El nombre real fue “Plan Nacional de Reparación de Secuelas de la Violencia Política” y fue presentada por el MIMDES en marzo del 2004. Una de las razones del porqué el propio gobierno del Presidente Toledo no lo pudo implementar, consiguiendo los resultados requeridos, fue porque contenía un defecto grave en el diagnóstico. Incluyó como parte de una de sus políticas marco un “Plan de Paz y Desarrollo”. El Plan de Paz y Desarrollo orientado a las zonas con mayor secuela de la violencia nunca vio la luz; durmió el sueño de los justos, porque facilitó la confusión al más alto nivel de gobierno, entre lo que significa acciones de desarrollo propias del Estado con las de reparación.

De otro lado, las reparaciones como políticas públicas no solamente necesitan recursos presupuestados; necesitan también de un diseño de política. Al ser recursos públicos, la utilización de los fondos de reparación requieren cumplir las exigencias legales necesarias para no incurrir en malversación.

El diseño y la implementación de las políticas públicas en materia de reparaciones han representado todo un proceso de aprendizaje en el Perú; éste obviamente ha ido mucho más allá de la elaboración del Informe de la CVR.

Los comentarios vertidos por la nueva Secretaria Ejecutiva de la CMAN, deja de lado una serie de variables económicas y de políticas públicas necesarias a ser tomadas en cuenta por todo police maker. Al concluir el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN - de la que ella formó parte importante- no dejó al siguiente gobierno ningún listado oficial de víctimas o beneficiarios individuales a quienes reparar.

Sin aquel listado- aún así se hubiera contado con los 1150 millones de nuevos soles de los que habla actualmente como necesarios para reparar- no su hubiera podido transferir ni un solo nuevo sol a ningún beneficiario sin ser observado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Si no se cuenta con un listado oficial, cómo se va a entregar recursos públicos con la seriedad que el caso merece?

En ausencia de aquel registro- actualmente conocido como Registro Único de Víctimas- a finales del 2006 el gobierno de Alan García impulsó el Consejo de Reparaciones, y facilitó los presupuesto para que este órgano de gobierno cumpliera por primera vez con su función de registrar y acreditar a las víctimas. Así, a finales del 2007 se dió inicio por primera vez luego de seis años al proceso de acreditación de víctimas. Y fue la Presidencia del Consejo de Ministros quien se encargó directamente de ello a través del Consejo de Reparaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas jamás hubiera facilitado su visto bueno para aprobar canalizar recursos a personas que siendo víctimas o beneficiarios no estuvieran debidamente acreditados, tal como lo señala la misma Ley N°28592 aprobada en julio del año 2005, y su reglamento (RM 015-2006-JUS).

Respecto a las reparaciones colectivas, a finales del año 2005 –durante el gobierno del Presidente Toledo- la CMAN avaló transferir alrededor de siete millones de nuevos soles a FONCODES, órgano del MIMDES, para financiar lo que se denominó PERU REPARA. Al final, el componente reparador nunca existió. ¡¡¡Las víctimas de las mismas comunidades rurales que habían sufrido los embates de Sendero Luminoso nunca supieron que las obras que en sus jurisdicciones se construyeron formaban parte de las reparaciones!!!

El año 2007, durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez, se realizó un cambió radical de dicha metodología. En adelante, las mismas comunidades serían priorizadas por el Gobierno Nacional en función de la concentración de víctimas registradas y además serían ellas quen expresarían de manera democrática el tipo de obra que requerían, sustentada mediante acta comunal canalizada a la CMAN. Esta acción de participación a su vez fortalecía la institución comunal delibitada por las acciones de Sendero Luminoso.

En muchos casos los tiempos y exigencias de la burocracia, tanto nacional como municipal, han hecho que los procesos de ejecución presupuestaria en materia de reparaciones sean lentos. Sin embargo, se avanzó desde cero comunidades adecuadamente reparadas -que fue lo que se encontró en materia de reparaciones colectivas en agosto de 2006- hasta cerca de 1500 comunidades reparadas colectivamente con participación directa de las propias comunidades al mes de julio de 2011.

Asimismo, se llegó a intervenir decenas de comunidades ubicadas en zonas de alta tensión social como el VRAE y el Alto Huallaga ( Aucayacu y Valle del Monzón) . Se hicieron obras con sentido reparador en caseríos en donde nunca antes había habido presencia estatal.

Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en materia de reparaciones. Pero primero terminemos de definir quiénes son las víctimas y familiares que serán reparados individualmente con recursos dinerarios. También se debe lograr que las universidades estatales adopten los beneficios para los huérfanos en materia educativa contenida en el Decreto Supremo 047-2011 PCM de mayo último; y dialogar con el Ministro de Economía para que facilite el financiamiento para la BECAS PIR que ya fueron diseñadas por el Ministerio de Educación entre el 2010 y 2011.

Finalmente, señalar que existe un presupuesto aprobado para reparar individualmente este año 2011 y que ha posibilitado, a través del Decreto Supremo 051-2011-PCM de junio último, la transferencia–entre la primera y tercera semana de julio- de reparaciones económicas a cerca de 600 personas de las 2700 priorizadas para este año. La totalidad de ellos son ancianos mayores a 65 años. Sin embargo, las 2100 personas restantes aún no reciben sus reparaciones económicas desde el primero de agosto. Y ya han pasado más de dos meses!!

Si el objetivo es incrementar el monto a ser transferido por víctima y/o beneficiario, este puede ser nivelado posteriormente mediante otro Decreto Supremo. Existen 2100 ancianos víctimas (padres de víctima, viudas, discapacitados y mujeres abusadas sexualmente) que esperan estas reparaciones económica. Solamente rogamos que estos recursos aún no transferidos no vayan a ser revertidos es decir devueltos al tesoro público, por el tiempo transcurrido.

Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno.