Dónde quedó la Dignidad en Perú. Caso de las Reparaciones a Víctimas de la Violencia.

El desarrollo de la tecnología posibilita abundante información; sin embargo en materia de derechos humanos no hemos podido sistematizarla para obtener beneficios en solucionar algunos de nuestros estructurales problemas: nuestra corta memoria social. 

El Perú es todavía un país en donde muchos viven con resentimiento y rencor, manifestaciones humanas naturales de quienes han sufrido terribles injusticias.

Hasta hoy, muy poco se ha hecho por resarcir las secuelas del sufrimiento de las familias así como de quienes fueron directamente perjudicados por la violencia de los años 80 y 90. Todo lo contrario se los tilda de terroristas o subversivos, cuando fueron sus víctimas. Y se les dice terroristas y se los sigue maltratando desde el Estado, y desde algunos medios de prensa, incumpliendo con Repararlos, por que en su gran mayoría provienen del Ande, no hablan el estilo terrible del castellano limeño, su piel es cobriza y porque sufren la extrema pobreza. 

Hace unos días se asesinó a una niña peruana de nueve años nombre SORAYDA y no hubo ni marchas, ni plantones, ni hubo ninguna manifestación proveniente de los grupos de Derechos Humanos peruanos. No hubo nada!. Los denominados grupos de Derechos Humanos "Se hicieron los zonzos". Y eso ocurrió porque de lo contrario hubieran "chocado" con la poderosa primera dama, y ella, hoy, es su amiga. 

Estos grupos de Derechos Humanos del Perú, hoy, no son pues los telúricos y aguerridos grupos defensores de derechos humanos de Argentina, o los verdaderos grupos de derechos Humanos de Estados Unidos. No. Estos actúan por conveniencia mediática, son mediocres e hipócritas. Solamente viven, en su gran mayoría, para gozar del dinero del financiamiento del exterior y por un rancio estatus que les brinda ser parte de una "movida" denominada en el Perú "Derechos Humanos". 

La muerte de una balazo por la espalda de la niña SORAYDA- "muy probablemente por miembros de las Fuerzas Armadas y/o Fuerzas Policiales"- pasará a la historia sin mayor trascendencia. Ese es el Perú hipócrita que no quiero para mis hijos. El Perú necesita una organización de Derechos Humanos que no esté gobernada por los hoy "tibios clasemedieros". Necesita un grupo de derechos humanos que deje de mirar exclusivamente a Fujimori y Compañía y se enteren que luego de la caída de dicha dictadura, y ahora  en democracia, se viene atentando también contra los derechos humanos. Los grupos de derechos Humanos necesitan, hoy, autodesafiarse, necesita de gente que haga respetar la dignidad de cada peruano, más allá de si al hacerlo obtienen o pierden beneficios políticos o económicos; más allá de si al hacerlo tienen que enfrentarse a algún gobernante - hombre o mujer- de su simpatía.

Es por ello que las reparaciones individuales estatales avanzan muy lentamente y no solamente porque puede no existir voluntad política, sino principalmente porque nuestra sociedad, en su conjunto, se ha tornado insensible ante sufrimiento ajeno -en quienes no reconoce prójimo alguno. Y los integrantes de los derechos humanos, hoy, sufren de lo mismo.

Las acciones estatales no podrán jamás lograr una real reparación frente a violaciones como los  asesinatos, secuestros, torturas, entre otros crímenes realizados por grupos terroristas y por miembros de las fuerzas armadas y policiales. Y señalo esto luego de haber trabajado por cinco años en acciones de coordinación, en materia de reparaciones a las víctimas del proceso de violencia, desde la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Durante ese periodo pude constatar, en vivo, que realmente hay decenas de miles de peruanos que viviendo en Lima, viven en otro país. Las víctimas de la violencia son personas no solamente golpeadas por las secuelas físicas y psicológicas de las violencia que les tocó sufrir, sino también, en su gran mayoría, por la extrema pobreza. Ambas son fruto de la indiferencia, ambas consecuencias son fruto de una sociedad que no obstante algunas manifestaciones de los tibios grupos de derechos humanos en el Perú, sigue siendo insensible. Señal que el Perú sigue sin estar integrado.

La integración y la inclusión no parten del Estado, parten de la madurez de una sociedad. Si nuestra sociedad continúa siendo insensible y por tanto inmadura, seguirá siendo una sociedad desintregada y con grandes exclusiones. Qué importa ser considerados el país con el cebiche más exquisito o ser el centro de la gastronomía latinoamericana, sin en medio de nosotros caminan invisibles a nuestros ojos miles de personas cuyas vidas han sido perjudicadas por la violencia y nuestra insensibilidad.

La dignidad parece no tener espacio en medio del cebiche, el tacu tacu, el arroz con pato, el chancho al palo, chancho al tornillo, del pisco sour, entre otras perlas; es por ello que seguimos solamente siendo un "país pobre, aunque con plata en los bolsillos". No somos un país desarrollado, y tampoco estamos en la senda del desarrollo porque la palabra DIGNIDAD sigue siendo, para las grandes mayorías y sobre todo para la clase media peruana, que detenta sin ser CONSECUENTE la bandera de derechos humanos, una palabra SIN CONTENIDO.

Una prueba de lo anterior es que las víctimas de la violencia han pasado, hoy, a ser víctimas de la indiferencia por nuestra corta memoria y de nuestra comodidad clasemediera atragantada hoy por el Arroz con Pato, el Tacu Tacu, el Cebiche, el Lomo Saltado, Cuy y el cerdo de la Caja China. 

Uno de los puntos centrales para lograr reparación a las víctimas es tener memoria, dignidad y coraje. Sin memoria no habrá ni reparación real ni reivindicación, más allá de entregar unos cuantos miles de soles a los huérfanos. 

Ministro de Justicia nulo en materia de Reparaciones a víctimas del terrorismo

Titular de Justicia, desconoce la realidad en materia de reparaciones en Perú. 

Habla para las galerías pero no para las víctimas que siguen esperando ser reparados en un proceso que el actual gobierno detuvo en agosto del 2011.

Me ha dejado muy preocupado el contenido de las declaraciones que el día de ayer emitiera el Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, ante los medios de prensa en referencia a las reparaciones que desde el poder ejecutivo se impulsan en beneficio de a las víctimas de la violencia debidamente registradas por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de un órgano adscrito denominado Consejo de Reparaciones. 

En primer lugar. El Decreto Supremo 051-2011-PCM, emitido a finales del gobierno anterior para materializar la política de reparaciones a las víctimas de la violencia, fue la culminación de un proceso interno de debate y consenso -y no pocos encontronazos- entre funcionarios de gobierno en donde el primer escollo fue el despacho del Viceministerio de Hacienda encabezado en ese entonces por Luis Miguel Castilla (hoy Ministro de Economía y Finanzas). Fue su despacho el que en todo momento se opuso a mejorar el monto de la reparación económica por persona; con frialdad en las venas propuso y logró reducir el monto que planteo la CMAN a través de PCM. Deben todos saber que su propuesta fue un monto mucho menor al aprobado por el D.S. 051-2011-PCM. Fue la oportuna intervención de Rosario Almenara quien en ese entonces - hablo del primer trimestre del 2011-se encontraba al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros que impidió tamaño despropósito del despacho de Luis Miguel Castilla.

En segundo lugar, antes que concluyera el gobierno anterior se había emitido y publicado dos listas de beneficiarios lo que dejaba listo todo para iniciar las reparaciones económicas, para lo cual se contaba con un presupuesto aproximado de 20 millones de nuevos soles. Es más la entrega monetaria comenzó a inicios de julio pasado, fui testigo presencial de las personas que ubicaban sus nombres en la lista publicada en las instalaciones de la CMAN. Debo señalar que algunos recibían de muy buena gana, otros no estaban contentos y otros eran indiferentes. Aunque siempre les señalaba que el monto que recibirían sería siempre simbólico en relación a el cruel sufrimiento por el que habían transcurrido.

Debemos precisar que el referido monto de 20 millones de nuevos soles fue presupuestado para reparación económica individual luego de un acuerdo al que habían arribado, a mediados del 2010 -tras una necesaria marcha- las organizaciones de víctimas con el titular de la PCM de entonces Javier Velásquez Quesquén. Pero además la CMAN había logrado otro avance. Había logrado "acordar" -luego de muchas reuniones- con los directivos del Banco de la Nación para que sea ésta la institución financiera que se encargaría de facilitar el proceso de reparación económica teniendo en cuenta su amplia red de ventanillas a nivel nacional y la dispersión geográfica de las víctimas. Debo precisar que fue la decisión y la resolución de Rosario Almenara quien "facilitó" a la CMAN este acuerdo que venía siendo "toreado" por los directivos del Banco de la Nación.

En tercer lugar, el referido decreto supremo, nunca buscó discriminar, en la acepción negativa del significado de esta palabra, a ninguna víctima, tal como lanza de manera irresponsable el Ministro de Justicia. Como dicen los economistas, teníamos que maximizar sujeto a. Contábamos con un presupuesto aprobado de 20 millones de nuevos soles (que es menos de 8 millones de dólares) y más de 100 mil personas acreditadas por el Consejo de Reparaciones en el Registro Único de Víctimas- otro órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, no fue discriminar en el sentido peyorativo con que puede ser entendida esta palabra, la decisión fue  ordenar, priorizar teniendo como límites no solamente el presupuesto aprobado sino también el entendimiento de un viceministro de Hacienda  - hoy titular del MEF - que en materia de respeto a los derechos humanos se encontraba en la edad de piedra. Entonces la idea planteada era ir progresivamente atendiendo desde mayor edad a menor edad, de acuerdo a la relación que nos entregó a cuenta gotas el Consejo de Reparaciones.

Se consideró la edad como un elemento de priorización, bajo el entendido que los más ancianos presentan en promedio mayor grado de vulnerabilidad al encontrarse en las postrimerías de la vida y sufriendo además de las enfermedades propias de la vejez las secuelas que les dejó el terrorismo. Eso es elemental; y si el ministro no lo entiende, pues entonces ya sonamos. Pues no se con qué elementos lógicos y de racionalidad  económica va a convencer o a persuadir a los duros del MEF para que eleve el monto de las reparaciones económicas individuales.

Cuando el Ministro de Justicia señala que el proceso de reparaciones económicas estaba detenido, hace referencia a algo muy lamentable. En los primeros meses del actual gobierno, con firma del presidente Ollanta Humala y del presidente del Consejo de Ministros anterior, Salomón Lerner, se emitió un decreto supremo  mediante el cual se designaba, irresponsablemente, a Isabel Coral Cordero como Secretaria Ejecutiva de la CMAN. Y lo digo con todas sus letras: "fue una irresponsable designación"!!!.

Fue ella quien en la práctica detuvo el proceso de reparaciones económicas, no solamente despidió a 16 funcionarios especializados en Reparaciones, sino que puso en su lugar a personal totalmente inexperto (puso bachilleres como expertos y con sueldos de expertos) en la administración pública. Esta razzia tenía un componente netamente ideológico tal como ella misma lo expresó en algunas reuniones oficiales. Su gran error, y que lo sufren las víctimas de la violencia, consistió en poner lo ideológico por delante de la realidad.

Aquí debo hacer un paréntesis necesario. Entre los "despedidos" por Isabel Coral Cordero figuraban dos jóvenes a quien la insanía de Sendero Luminoso los dejó sin sus padres a muy tierna edad. Ambos habían logrado a estudiar Leyes en el Perú gracias a su propio esfuerzo individual. Teniendo en cuenta sus capacidades y su experiencia, dichos jóvenes- uno de Huancayo y el otro de Ayacucho- fueron incorporados al staff de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN. Sin embargo, nunca se imaginaron que serían víctimas también, de la injusticia, de la mediocridad y de la miopía ideológica de Isabel Coral Cordero.

Fue esta funcionaria quien por revisar las cifras y criterios del decreto supremo señalado, utilizando un bisoño equipo de inexpertos en las lides de la administración pública, la que paralizó, detuvo, estancó, el proceso de reparaciones desde agosto hasta diciembre de 2011. Confundió el manejo de una ONG con el de un órgano del Ejecutivo que demanda mucha mayor concentración.

Su propósito fue encontrar errores en la conducción anterior, algo que  nunca logró o al menos nunca mostró. Cuando se enteró de ello ya Salomón Lerner, quien la había avalado en el cargo, ya había presentado su renuncia.  Y si mal no calculo, el sucesor de Lerner, Óscar Valdez ya había puesto la puntería en su nula capacidad de gestión frente a la CMAN. Posteriormente fue el propio Gobierno Nacional que al demorar casi ¡¡¡¡dos meses!!!! en designar a su sucesor también "detuvo el proceso de reparaciones".

El problema de Coral Cordero es que tenía muchos acuerdos  etéreos con las organizaciones de afectados, los mismos que eran fáciles de prometer y cumplir desde lo esotérico, pero complejos de hacer cumplir desde la gestión pública. Ella misma les elevó falsas esperanzas y tuvo que cargar con ello durante su gestión que fue por demás breve y mediocre.

Cabe señalar que meses antes que fuera designada en este cargo, ella se despertó como de costumbre y sin sustento alguno lanzó, de manera irresponsable, que la reparación económica individual debía ser por lo menos 30 mil nuevos soles por beneficiario. No estamos en contra del monto, pero sí de la irresponsabilidad de lanzar al aire cualquier monto sin un debido sustento técnico, solamente con el objetivo de ganar aplausos de una población muy vulnerable. Isabel Coral Cordero, Trabajadora Social de profesión...había perdido conciencia del suelo antes de llegar a la CMAN.

En su corta estadía en la CMAN, vivió un dilema que denotaba su poca o casi nula experiencia en tomar decisiones adecuadas en el sector público. El dilema que no la dejaba dormir era muy probablemente cómo hacer para compatibilizar su "promesa" ex CMAN con la realidad presupuestaria que el flemático ministro de economía y finanzas le enrostraba: Es decir sufría a plenitud el "Síndrome Humala". 

Regresando, al tema central puedo decir que el decreto supremo señalado, nunca discriminó, lo que hizo fue priorizar la reparación, teniendo el presupuesto señalado, empezando por quienes consideró "los más vulnerables entre los vulnerables", vale decir los ancianos padres y madres cuyos hijos y/o hijas fueron asesinados y que a la fecha contasen con 80 años o más de acuerdo al registro existente. Es decir, con datos actualizados solicitados por la CMAN al Consejo de Reparaciones, que en algunos casos - vale la pena señalarlo- adolecían de completitud para poder tomar decisiones adecuadas y oportunas; pero esa es otra historia que ya comentaré con debido detalle. Pues la mediocre gestión de Jairo Rivas, titular del Consejo de Reparaciones se merece un artículo aparte.

Por eso cuando el diario La República recoge la siguiente frase en referencia a un comentario del Ministro de Justicia: http://www.larepublica.pe/28-02-2012/gobierno-retomara-pago-de-reparaciones-victimas-de-la-violencia-politica

"Dijo que el presidente Ollanta Humala ha decidido modificar el decreto supremo N° 051-PCM –dado en el gobierno de Alan García– que cierra el proceso de inscripción de las víctimas, coloca como tope el pago de 10 mil soles por familia y exige que las viudas tengan más de 65 años y los padres más de 80 para acceder a la reparación económica."

No me queda más estar preocupado y señalar lo que he escrito. El Decreto Supremo NO "exige", plantea una priorización, pues la reparación tiene que ser ordenada de acuerdo a un criterio. Yo le preguntaría al ministro de Justicia, con qué criterio va a poder ordenar las reparaciones económicas si cuenta solamente con 140 millones de nuevos soles!!! y son más de 100 mil las personas que están a la espera del cumplimiento de este derecho!!!. Una cosa es ser abogado, otra es tener conocimiento del derecho, otra es saber de la praxis de la gestión pública y otra es tener criterio técnico y político. 

Adicionalmente, el Ministro de Justicia, no ha sido bien asesorado, por no decir que ha sido sorprendido por sus asesores cuando ayer 27 de febrero señala al diario La República en relación al contenido del D.S. 051-2011-PCM:

"Eran criterios lesivos y discriminatorios. Vamos a cambiarlos, estamos trabajando en ello”, sostuvo, y señaló que se retomará el pago de las reparaciones individuales, suspendidas el año pasado. Precisó que el monto de las reparaciones se mantiene pero están evaluando la posibilidad de elevarlos, para lo cual están pidiendo opiniones del punto de vista técnico.

No veo por ningún lado lo lesivo. Lo lesivo es detener el proceso como lo hizo el actual gobierno, eso es lesivo. Debería en primer lugar puntualizar y decir quién paralizó las reparaciones!. Yo le digo quién, para evitar que se canse, o para evitar que sea mal asesorado: fue Isabel Coral Cordero, ex jefa de la CMAN designada por el presidente Humala, e integrante del Buró del Partido Nacionalista.

El ministro parece que considera que "Hablar a medias es hacer justicia". Justicia implica ser sensato y honesto con las palabras y con las intensiones más allá de las conveniencias personales.

Una sugerencia al Ministro de Justicia:  ahora que, como ha declarado, va a solicitar opinión técnica al MEF para ver si se puede elevar el monto de las reparaciones económicas, aproveche para preguntarle a su colega del Ministerio de Economía y Finanzas, porqué propuso el monto actual de las reparaciones económicas. Él tiene la respuesta técnica y oficial, señor Juan Jiménez Mayor. Fue él quien pidió un menor monto para las reparaciones individuales hace exactamente un año desde su despacho como viceministro de hacienda, no vaya a ser que usted vaya al Jr Junín por lana y regrese trasquilado.

Finalmente, tenga cuidado que muy de seguro sus opiniones, recogidas por el diario La República le deben saber a manteca o a sebo a Luis Miguel Castilla en el MEF. No vaya a ocurrir, que en respuesta -casi digo represalia- su pliego presupuestario vaya a sufrir algún recorte inesperado...a veces el MEF suele argumentar  el recorte utilizando la siguiente muletilla : "es necesario la austeridad -hacer caja- frente a la crisis internacional".