Reparaciones en Perú - Breve Balance
En el Perú la decisión estatal de reparar a las víctimas del proceso de violencia sufrido entre los años 1980 y 2000 descansa en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que a través de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional - (CMAN)- coordina, supervisa y diseña la política de reparaciones.Órgano rector de las reparaciones a la víctimas en el Perú
Otro órgano adscrito a la PCM, que ha sido creado durante la presente administración gubernamental con el propósito de tener por primera vez un registro de la víctimas directas e indirectas de la violencia, es el Consejo de Reparaciones (CR); cuyos integrantes fueron designados por el actual gobierno mediante Resolución Ministerial 373-2006-PCM. A la fecha existe un número superior a las 100 mil personas inscritas en el Registro Único de Víctimas.
Desde fines del 2006 y principios del 2007 la CMAN diseñó el Programa de Reparaciones Colectivas con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del capital social e institucional, material y económico-productivo de las familias y comunidades rurales y urbanas afectadas por el proceso de violencia en los departamentos más afectados en el Perú durante el proceso de violencia.
A la fecha, existe alrededor de 1500 comunidades rurales, entre campesinas y nativas reparadas colectivamente. Estas se encuentran principalmente en los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac, San Martín, Puno, Ucayali, Pasco y Cuzco. A diferencia de los programas sociales, se ha brindado un fuerte sentido simbólico a estas obras, en donde la comunidad no solamente elige y prioriza la obra, sino además participa en su ejecución. Se busca internalizar en la población que es en memoria de las víctimas que dichas obras han sido financiadas y ejecutadas. Se busca así recomponer lazos entre el Estado y las víctimas, aunque en algunos casos, principalmente en las zonas rurales, percibimos que en el pasado ese vínculo nunca existió.
La CMAN impulsó, además, desde el 2008 los Programas de Reparaciones en Educación y en Salud, ambas de naturaleza individual. A la fecha el Ministerio de Salud ha establecido, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), beneficios diferenciados a favor de quienes se encuentren registrados como tales por el Consejo de Reparaciones; entre ellos tenemos miles de huérfanos, viudas, discapacitados, hijos con problemas severos de salud mental, desplazados, padres de víctimas, miles de mujeres violentadas sexualmente, cuyos problemas cotidianos son "invisibles" para una gran parte de la población peruana que se ha vuelto insensible ante el dolor de aquel a quien consideran "los otros". Se ha buscado visibilizar la problemática que enfrentan las víctimas sobrevivientes y sus deudos.
Asimismo, varias instituciones educativas públicas han adecuado sus reglamentos de admisión en beneficio de las víctimas debidamente acreditadas por el Estado Peruano. Aunque falta afinar ambos programas, ya existe, entre los funcionarios de las instituciones involucradas, conocimiento sobre el sentido de las reparaciones.
Se inició durante el actual periodo gubernamental la implementación de los Programas que componen el Plan Integral de Reparaciones, propuesta que formó parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al Estado Peruano. Esta comisión, como se recordará, fue un órgano gubernamental que mientras existió estuvo adscrita a la PCM, tal como se desprende del Decreto Supremo N°065-2001-PCM; esta fue su partida de nacimiento, y fue firmada por el Dr. Valentín Paniagua Corazao en junio del 2001, siendo Presidente de la República.
Nota aparte tiene el Programa de Reparaciones Económicas, el mismo que ha sido diseñado por el gobierno nacional a través de una Comisión Técnica presidida por el Secretario Ejecutivo de la CMAN. La decisión de crear esta comisión - mediante Resolución Suprema N°171-2010-PCM- demuestra una vez más la voluntad política que ha tenido el gobierno de impulsar las Reparaciones. El 31 de enero último esta comisión entregó su informe técnico con los lineamientos para determinar los montos, procedimientos y modalidades de pago a favor de las víctimas.
Se cuenta a la fecha con un presupuesto de 40 millones de nuevos soles que, a solicitud de Presidencia del Consejo de Ministros, fue aprobado por el Congreso de la República el 29 de noviembre dentro del Presupuesto General de la República, con la finalidad exclusiva de financiar las acciones de Reparación. La mitad de dicho presupuesto estaría siendo orientado a las Reparaciones Económicas que tienen una naturaleza individual.
El Estado peruano democrático- desde el Dr. Valentín Paniagua hasta el Dr. Alan García, pasando por el Dr. Alejandro Toledo- con los vaivenes propios de una burocracia altamente inestable, pendulante laboralmente, debido a la ausencia de una adecuada Ley de la Carrera Pública pudo, en un inicio, talvez, no entender con claridad el sentido de las acciones de Reparación; sin embargo nunca se opuso a su implementación, sino todo lo contrario.
Al margen de las discrepancias naturales de algunos representantes de los Organismos no Gubernamentales, las reparaciones en el Perú han demorado por dificultades estructurales propias de la dispersión y de la identificación de las víctimas, pero la voluntad política de reparar es un derecho que el Estado peruano democrático ha sabido respetar, promover e impulsar demostrando así su crecimiento democrático.
Queda aún mucho por hacer, sin duda, pero ya contamos con una legislación adecuada que empezó con un hito, la ley N° 28592 en el año 2005, y que luego se complementó con su respectivo reglamento, el Decreto Supremo N°015-2006-JUS. Asimismo ya el actual gobierno no solamente ha avanzado siginificativamente en registrar a las víctimas individuales y colectivas, sino además ha aprobado recursos económicos para estos fines.
Sin lugar a dudas los organismos de la sociedad civil han contribuido de manera significativa en este avance estatal. Algunas veces impulsando, otras veces cuestionando, pero siempre sus propuestas han sido analizadas y discutidas en el ceno del gobierno. Pues la CMAN es un órgano de gobierno que tiene como uno de sus miembros de "directorio" a representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organismo de la Sociedad Civil que tiene una gran legitimidad, dentro y fuera del país, en la defensa y promoción de los derechos humanos.
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Eco. Eduardo Olivos Meza
