Dónde quedó la Dignidad en Perú. Caso de las Reparaciones a Víctimas de la Violencia.

El desarrollo de la tecnología posibilita abundante información; sin embargo en materia de derechos humanos no hemos podido sistematizarla para obtener beneficios en solucionar algunos de nuestros estructurales problemas: nuestra corta memoria social. 

El Perú es todavía un país en donde muchos viven con resentimiento y rencor, manifestaciones humanas naturales de quienes han sufrido terribles injusticias.

Hasta hoy, muy poco se ha hecho por resarcir las secuelas del sufrimiento de las familias así como de quienes fueron directamente perjudicados por la violencia de los años 80 y 90. Todo lo contrario se los tilda de terroristas o subversivos, cuando fueron sus víctimas. Y se les dice terroristas y se los sigue maltratando desde el Estado, y desde algunos medios de prensa, incumpliendo con Repararlos, por que en su gran mayoría provienen del Ande, no hablan el estilo terrible del castellano limeño, su piel es cobriza y porque sufren la extrema pobreza. 

Hace unos días se asesinó a una niña peruana de nueve años nombre SORAYDA y no hubo ni marchas, ni plantones, ni hubo ninguna manifestación proveniente de los grupos de Derechos Humanos peruanos. No hubo nada!. Los denominados grupos de Derechos Humanos "Se hicieron los zonzos". Y eso ocurrió porque de lo contrario hubieran "chocado" con la poderosa primera dama, y ella, hoy, es su amiga. 

Estos grupos de Derechos Humanos del Perú, hoy, no son pues los telúricos y aguerridos grupos defensores de derechos humanos de Argentina, o los verdaderos grupos de derechos Humanos de Estados Unidos. No. Estos actúan por conveniencia mediática, son mediocres e hipócritas. Solamente viven, en su gran mayoría, para gozar del dinero del financiamiento del exterior y por un rancio estatus que les brinda ser parte de una "movida" denominada en el Perú "Derechos Humanos". 

La muerte de una balazo por la espalda de la niña SORAYDA- "muy probablemente por miembros de las Fuerzas Armadas y/o Fuerzas Policiales"- pasará a la historia sin mayor trascendencia. Ese es el Perú hipócrita que no quiero para mis hijos. El Perú necesita una organización de Derechos Humanos que no esté gobernada por los hoy "tibios clasemedieros". Necesita un grupo de derechos humanos que deje de mirar exclusivamente a Fujimori y Compañía y se enteren que luego de la caída de dicha dictadura, y ahora  en democracia, se viene atentando también contra los derechos humanos. Los grupos de derechos Humanos necesitan, hoy, autodesafiarse, necesita de gente que haga respetar la dignidad de cada peruano, más allá de si al hacerlo obtienen o pierden beneficios políticos o económicos; más allá de si al hacerlo tienen que enfrentarse a algún gobernante - hombre o mujer- de su simpatía.

Es por ello que las reparaciones individuales estatales avanzan muy lentamente y no solamente porque puede no existir voluntad política, sino principalmente porque nuestra sociedad, en su conjunto, se ha tornado insensible ante sufrimiento ajeno -en quienes no reconoce prójimo alguno. Y los integrantes de los derechos humanos, hoy, sufren de lo mismo.

Las acciones estatales no podrán jamás lograr una real reparación frente a violaciones como los  asesinatos, secuestros, torturas, entre otros crímenes realizados por grupos terroristas y por miembros de las fuerzas armadas y policiales. Y señalo esto luego de haber trabajado por cinco años en acciones de coordinación, en materia de reparaciones a las víctimas del proceso de violencia, desde la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Durante ese periodo pude constatar, en vivo, que realmente hay decenas de miles de peruanos que viviendo en Lima, viven en otro país. Las víctimas de la violencia son personas no solamente golpeadas por las secuelas físicas y psicológicas de las violencia que les tocó sufrir, sino también, en su gran mayoría, por la extrema pobreza. Ambas son fruto de la indiferencia, ambas consecuencias son fruto de una sociedad que no obstante algunas manifestaciones de los tibios grupos de derechos humanos en el Perú, sigue siendo insensible. Señal que el Perú sigue sin estar integrado.

La integración y la inclusión no parten del Estado, parten de la madurez de una sociedad. Si nuestra sociedad continúa siendo insensible y por tanto inmadura, seguirá siendo una sociedad desintregada y con grandes exclusiones. Qué importa ser considerados el país con el cebiche más exquisito o ser el centro de la gastronomía latinoamericana, sin en medio de nosotros caminan invisibles a nuestros ojos miles de personas cuyas vidas han sido perjudicadas por la violencia y nuestra insensibilidad.

La dignidad parece no tener espacio en medio del cebiche, el tacu tacu, el arroz con pato, el chancho al palo, chancho al tornillo, del pisco sour, entre otras perlas; es por ello que seguimos solamente siendo un "país pobre, aunque con plata en los bolsillos". No somos un país desarrollado, y tampoco estamos en la senda del desarrollo porque la palabra DIGNIDAD sigue siendo, para las grandes mayorías y sobre todo para la clase media peruana, que detenta sin ser CONSECUENTE la bandera de derechos humanos, una palabra SIN CONTENIDO.

Una prueba de lo anterior es que las víctimas de la violencia han pasado, hoy, a ser víctimas de la indiferencia por nuestra corta memoria y de nuestra comodidad clasemediera atragantada hoy por el Arroz con Pato, el Tacu Tacu, el Cebiche, el Lomo Saltado, Cuy y el cerdo de la Caja China. 

Uno de los puntos centrales para lograr reparación a las víctimas es tener memoria, dignidad y coraje. Sin memoria no habrá ni reparación real ni reivindicación, más allá de entregar unos cuantos miles de soles a los huérfanos. 

Ministro de Justicia nulo en materia de Reparaciones a víctimas del terrorismo

Titular de Justicia, desconoce la realidad en materia de reparaciones en Perú. 

Habla para las galerías pero no para las víctimas que siguen esperando ser reparados en un proceso que el actual gobierno detuvo en agosto del 2011.

Me ha dejado muy preocupado el contenido de las declaraciones que el día de ayer emitiera el Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, ante los medios de prensa en referencia a las reparaciones que desde el poder ejecutivo se impulsan en beneficio de a las víctimas de la violencia debidamente registradas por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de un órgano adscrito denominado Consejo de Reparaciones. 

En primer lugar. El Decreto Supremo 051-2011-PCM, emitido a finales del gobierno anterior para materializar la política de reparaciones a las víctimas de la violencia, fue la culminación de un proceso interno de debate y consenso -y no pocos encontronazos- entre funcionarios de gobierno en donde el primer escollo fue el despacho del Viceministerio de Hacienda encabezado en ese entonces por Luis Miguel Castilla (hoy Ministro de Economía y Finanzas). Fue su despacho el que en todo momento se opuso a mejorar el monto de la reparación económica por persona; con frialdad en las venas propuso y logró reducir el monto que planteo la CMAN a través de PCM. Deben todos saber que su propuesta fue un monto mucho menor al aprobado por el D.S. 051-2011-PCM. Fue la oportuna intervención de Rosario Almenara quien en ese entonces - hablo del primer trimestre del 2011-se encontraba al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros que impidió tamaño despropósito del despacho de Luis Miguel Castilla.

En segundo lugar, antes que concluyera el gobierno anterior se había emitido y publicado dos listas de beneficiarios lo que dejaba listo todo para iniciar las reparaciones económicas, para lo cual se contaba con un presupuesto aproximado de 20 millones de nuevos soles. Es más la entrega monetaria comenzó a inicios de julio pasado, fui testigo presencial de las personas que ubicaban sus nombres en la lista publicada en las instalaciones de la CMAN. Debo señalar que algunos recibían de muy buena gana, otros no estaban contentos y otros eran indiferentes. Aunque siempre les señalaba que el monto que recibirían sería siempre simbólico en relación a el cruel sufrimiento por el que habían transcurrido.

Debemos precisar que el referido monto de 20 millones de nuevos soles fue presupuestado para reparación económica individual luego de un acuerdo al que habían arribado, a mediados del 2010 -tras una necesaria marcha- las organizaciones de víctimas con el titular de la PCM de entonces Javier Velásquez Quesquén. Pero además la CMAN había logrado otro avance. Había logrado "acordar" -luego de muchas reuniones- con los directivos del Banco de la Nación para que sea ésta la institución financiera que se encargaría de facilitar el proceso de reparación económica teniendo en cuenta su amplia red de ventanillas a nivel nacional y la dispersión geográfica de las víctimas. Debo precisar que fue la decisión y la resolución de Rosario Almenara quien "facilitó" a la CMAN este acuerdo que venía siendo "toreado" por los directivos del Banco de la Nación.

En tercer lugar, el referido decreto supremo, nunca buscó discriminar, en la acepción negativa del significado de esta palabra, a ninguna víctima, tal como lanza de manera irresponsable el Ministro de Justicia. Como dicen los economistas, teníamos que maximizar sujeto a. Contábamos con un presupuesto aprobado de 20 millones de nuevos soles (que es menos de 8 millones de dólares) y más de 100 mil personas acreditadas por el Consejo de Reparaciones en el Registro Único de Víctimas- otro órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, no fue discriminar en el sentido peyorativo con que puede ser entendida esta palabra, la decisión fue  ordenar, priorizar teniendo como límites no solamente el presupuesto aprobado sino también el entendimiento de un viceministro de Hacienda  - hoy titular del MEF - que en materia de respeto a los derechos humanos se encontraba en la edad de piedra. Entonces la idea planteada era ir progresivamente atendiendo desde mayor edad a menor edad, de acuerdo a la relación que nos entregó a cuenta gotas el Consejo de Reparaciones.

Se consideró la edad como un elemento de priorización, bajo el entendido que los más ancianos presentan en promedio mayor grado de vulnerabilidad al encontrarse en las postrimerías de la vida y sufriendo además de las enfermedades propias de la vejez las secuelas que les dejó el terrorismo. Eso es elemental; y si el ministro no lo entiende, pues entonces ya sonamos. Pues no se con qué elementos lógicos y de racionalidad  económica va a convencer o a persuadir a los duros del MEF para que eleve el monto de las reparaciones económicas individuales.

Cuando el Ministro de Justicia señala que el proceso de reparaciones económicas estaba detenido, hace referencia a algo muy lamentable. En los primeros meses del actual gobierno, con firma del presidente Ollanta Humala y del presidente del Consejo de Ministros anterior, Salomón Lerner, se emitió un decreto supremo  mediante el cual se designaba, irresponsablemente, a Isabel Coral Cordero como Secretaria Ejecutiva de la CMAN. Y lo digo con todas sus letras: "fue una irresponsable designación"!!!.

Fue ella quien en la práctica detuvo el proceso de reparaciones económicas, no solamente despidió a 16 funcionarios especializados en Reparaciones, sino que puso en su lugar a personal totalmente inexperto (puso bachilleres como expertos y con sueldos de expertos) en la administración pública. Esta razzia tenía un componente netamente ideológico tal como ella misma lo expresó en algunas reuniones oficiales. Su gran error, y que lo sufren las víctimas de la violencia, consistió en poner lo ideológico por delante de la realidad.

Aquí debo hacer un paréntesis necesario. Entre los "despedidos" por Isabel Coral Cordero figuraban dos jóvenes a quien la insanía de Sendero Luminoso los dejó sin sus padres a muy tierna edad. Ambos habían logrado a estudiar Leyes en el Perú gracias a su propio esfuerzo individual. Teniendo en cuenta sus capacidades y su experiencia, dichos jóvenes- uno de Huancayo y el otro de Ayacucho- fueron incorporados al staff de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN. Sin embargo, nunca se imaginaron que serían víctimas también, de la injusticia, de la mediocridad y de la miopía ideológica de Isabel Coral Cordero.

Fue esta funcionaria quien por revisar las cifras y criterios del decreto supremo señalado, utilizando un bisoño equipo de inexpertos en las lides de la administración pública, la que paralizó, detuvo, estancó, el proceso de reparaciones desde agosto hasta diciembre de 2011. Confundió el manejo de una ONG con el de un órgano del Ejecutivo que demanda mucha mayor concentración.

Su propósito fue encontrar errores en la conducción anterior, algo que  nunca logró o al menos nunca mostró. Cuando se enteró de ello ya Salomón Lerner, quien la había avalado en el cargo, ya había presentado su renuncia.  Y si mal no calculo, el sucesor de Lerner, Óscar Valdez ya había puesto la puntería en su nula capacidad de gestión frente a la CMAN. Posteriormente fue el propio Gobierno Nacional que al demorar casi ¡¡¡¡dos meses!!!! en designar a su sucesor también "detuvo el proceso de reparaciones".

El problema de Coral Cordero es que tenía muchos acuerdos  etéreos con las organizaciones de afectados, los mismos que eran fáciles de prometer y cumplir desde lo esotérico, pero complejos de hacer cumplir desde la gestión pública. Ella misma les elevó falsas esperanzas y tuvo que cargar con ello durante su gestión que fue por demás breve y mediocre.

Cabe señalar que meses antes que fuera designada en este cargo, ella se despertó como de costumbre y sin sustento alguno lanzó, de manera irresponsable, que la reparación económica individual debía ser por lo menos 30 mil nuevos soles por beneficiario. No estamos en contra del monto, pero sí de la irresponsabilidad de lanzar al aire cualquier monto sin un debido sustento técnico, solamente con el objetivo de ganar aplausos de una población muy vulnerable. Isabel Coral Cordero, Trabajadora Social de profesión...había perdido conciencia del suelo antes de llegar a la CMAN.

En su corta estadía en la CMAN, vivió un dilema que denotaba su poca o casi nula experiencia en tomar decisiones adecuadas en el sector público. El dilema que no la dejaba dormir era muy probablemente cómo hacer para compatibilizar su "promesa" ex CMAN con la realidad presupuestaria que el flemático ministro de economía y finanzas le enrostraba: Es decir sufría a plenitud el "Síndrome Humala". 

Regresando, al tema central puedo decir que el decreto supremo señalado, nunca discriminó, lo que hizo fue priorizar la reparación, teniendo el presupuesto señalado, empezando por quienes consideró "los más vulnerables entre los vulnerables", vale decir los ancianos padres y madres cuyos hijos y/o hijas fueron asesinados y que a la fecha contasen con 80 años o más de acuerdo al registro existente. Es decir, con datos actualizados solicitados por la CMAN al Consejo de Reparaciones, que en algunos casos - vale la pena señalarlo- adolecían de completitud para poder tomar decisiones adecuadas y oportunas; pero esa es otra historia que ya comentaré con debido detalle. Pues la mediocre gestión de Jairo Rivas, titular del Consejo de Reparaciones se merece un artículo aparte.

Por eso cuando el diario La República recoge la siguiente frase en referencia a un comentario del Ministro de Justicia: http://www.larepublica.pe/28-02-2012/gobierno-retomara-pago-de-reparaciones-victimas-de-la-violencia-politica

"Dijo que el presidente Ollanta Humala ha decidido modificar el decreto supremo N° 051-PCM –dado en el gobierno de Alan García– que cierra el proceso de inscripción de las víctimas, coloca como tope el pago de 10 mil soles por familia y exige que las viudas tengan más de 65 años y los padres más de 80 para acceder a la reparación económica."

No me queda más estar preocupado y señalar lo que he escrito. El Decreto Supremo NO "exige", plantea una priorización, pues la reparación tiene que ser ordenada de acuerdo a un criterio. Yo le preguntaría al ministro de Justicia, con qué criterio va a poder ordenar las reparaciones económicas si cuenta solamente con 140 millones de nuevos soles!!! y son más de 100 mil las personas que están a la espera del cumplimiento de este derecho!!!. Una cosa es ser abogado, otra es tener conocimiento del derecho, otra es saber de la praxis de la gestión pública y otra es tener criterio técnico y político. 

Adicionalmente, el Ministro de Justicia, no ha sido bien asesorado, por no decir que ha sido sorprendido por sus asesores cuando ayer 27 de febrero señala al diario La República en relación al contenido del D.S. 051-2011-PCM:

"Eran criterios lesivos y discriminatorios. Vamos a cambiarlos, estamos trabajando en ello”, sostuvo, y señaló que se retomará el pago de las reparaciones individuales, suspendidas el año pasado. Precisó que el monto de las reparaciones se mantiene pero están evaluando la posibilidad de elevarlos, para lo cual están pidiendo opiniones del punto de vista técnico.

No veo por ningún lado lo lesivo. Lo lesivo es detener el proceso como lo hizo el actual gobierno, eso es lesivo. Debería en primer lugar puntualizar y decir quién paralizó las reparaciones!. Yo le digo quién, para evitar que se canse, o para evitar que sea mal asesorado: fue Isabel Coral Cordero, ex jefa de la CMAN designada por el presidente Humala, e integrante del Buró del Partido Nacionalista.

El ministro parece que considera que "Hablar a medias es hacer justicia". Justicia implica ser sensato y honesto con las palabras y con las intensiones más allá de las conveniencias personales.

Una sugerencia al Ministro de Justicia:  ahora que, como ha declarado, va a solicitar opinión técnica al MEF para ver si se puede elevar el monto de las reparaciones económicas, aproveche para preguntarle a su colega del Ministerio de Economía y Finanzas, porqué propuso el monto actual de las reparaciones económicas. Él tiene la respuesta técnica y oficial, señor Juan Jiménez Mayor. Fue él quien pidió un menor monto para las reparaciones individuales hace exactamente un año desde su despacho como viceministro de hacienda, no vaya a ser que usted vaya al Jr Junín por lana y regrese trasquilado.

Finalmente, tenga cuidado que muy de seguro sus opiniones, recogidas por el diario La República le deben saber a manteca o a sebo a Luis Miguel Castilla en el MEF. No vaya a ocurrir, que en respuesta -casi digo represalia- su pliego presupuestario vaya a sufrir algún recorte inesperado...a veces el MEF suele argumentar  el recorte utilizando la siguiente muletilla : "es necesario la austeridad -hacer caja- frente a la crisis internacional". 

Reparadores en la gestión pública

Sin lugar a dudas existe en Perú muchas personas que pueden hablar con amplitud y abundancia sobre  reparaciones a las víctimas, sobre todo desde las ONG´s, sin embargo es muy distinto hablar de reparación desde la gestión pública; vale decir, desde la responsabilidad de un puesto de gobierno.

Los importantes análisis y propuestas en materia de reparación suelen en muchos casos abstraer en demasía la realidad y suponer que la gestión pública se aplica en el vacío. En la realidad, hay una serie de variables muy complejas que el hacedor de política en materia de reparaciones tiene que enfrentar.

Hasta mediados del  2006 existía poca acción en la implementación de las recomendaciones de reparación, desde el Estado, y eso sucedía porque había pocos especialistas en la administración pública con el expertise necesario para implementarlas.

De otro lado, una deformación de las ONG`s en el Perú- que desde la denominada sociedad civil han dominado el discurso, no solamente de las accciones de reparación a las víctimas del proceso de violencia, sino de todo lo concerniente a los derechos humanos-  es que casi siempre han antepuesto en extremo lo ideológico a lo pragmático, lo cual no es cuestionable per se, pero aplicado al ámbito de la gestión pública genera desconcierto, ineficiencia, injusticia y finalmente ineficacia. 

La implementación -desde el Estado - de políticas de derechos humanos-sea reparaciones, políticas de género, entre otras-requiere de una tecnocracia altamente calificada en ello, pues estamos hablando de la necesaria utilización -eficiente, eficaz y oportuna - de presupuesto público. No  estamos hablando del presupuesto financiado por un país donante del primer mundo, sino de recursos de todos los peruanos.

La CMAN como órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros había comenzado a formar desde el enero del año 2007 especialistas en Reparaciones a víctimas de violencia, vale decir fue un semillero en dicha materia, pues en el mercado laboral peruano no existía profesionales - abogados, ingenieros, economistas- con dicha especialidad y "expertise" desde el sector público.

Es por ello que resultó inexplicable que al ingresar Isabel Coral Cordero a la jefatura de la CMAN se desprendiera de un grupo de 16 profesionales que habían obtenido durante 4 años una experiencia valiosa y con resultados concretos, tangibles. Los servicios profesionales de dichos técnicos muy bien pudieron haber sido utilizados para continuar la última fase de las reparaciones, o en otras políticas en derechos humanos. Pero no fue así , "los dejó ir" sin renovarles el contrato.

Mi análisis es el siguiente, si el Estado peruano invierte por cada funcionario- desde que es practicante- un monto elevado por varios años, formándolo, dándole cursos, capacitándolo en el uso de herramientas de gestión, porqué desprenderse de ellos sin ningún tipo de evaluación previa.

Con las diferencias del caso; es como si un equipo de futbol invirtiera durante cuatro años en lograr que un jugador juvenil se consagre para jugar en la profesional, y justo en el momento en ese momento, cuando podría recuperar con creces lo invertido en este jugador, pues decide sin darle su carta pase mandarlo a su casa. Inexplicable desde cualquier ángulo.

Desde aquí un saludo a todos los técnicos y profesionales que integraron la CMAN, saben de mi aprecio por ustedes. Que el 2012 les depare los éxitos que sus habilidades profesionales sustentan. 

Ministerio de Economía ¿aprobará presupuesto solicitado para reparaciones?

Las víctimas de la violencia decenas de miles de ellos provenientes de las zonas rurales se encuentran hoy en las instalaciones del Congreso de la República presionando para que el parlamento no los deje sin presupuesto digno, tal como parace ser la decisión del Ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla.

Las víctimas están sorpendidas, porque fueron los seguidores del presidente Humala Tasso, hoy en altos cargos de gobierno, muchos de ellos de corte o procedencia socialista o comunista, quienes criticaban en años anteriores al gobierno del Presidente Alan García Pérez. Acusándolo de no reparar a las víctimas tal como ellos, desde sus respectivas ONG´s, proponían interesadamente. Hoy, como funcionarios de gobierno, los que inflamaban sus pechos cuestionando al gobierno anterior no tienen la convicción de defender a las víctimas y enfrentarse al Ministro de Economía y Finanzas. Le temen porque es él quien aprueba los presupuestos. Por ejemplo, hasta ahora no escuchamos la voz de Isabel Coral Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Comisión encargada de coordinar y hacer seguimiento desde la Presidencia del Consejo de Ministros  las políticas de reparación. Esta en muda en todos los idiomas.

Hoy por hoy eligra la aprobación de presupuesto estatal para continuar reparando a las víctimas del proceso de violencia ocurrido en Perú entre los años 19801-2000. Javier Diez Canseco congresista oficialista teme con justa razón que las reparaciones a las decenas de miles de víctimas y deudos debidamente registradas durante el gobierno del Presidente  Alan García Pérez se queden sin presupuesto.

Hay que reconocer, dentro de las críticas que se le planteó al gobierno de García Pérez, que durante su gobierno se impulsó el proceso de reparar administrativamente a las víctimas del proceso de violencia. Así, en lo que respecta a reparaciones individuales económicas, en noviembre del 2010 se aprobó un presupuesto de 20 millones de nuevos soles para este sector de la sociedad peruana que vivía relegada de las decisiones de gobierno y que parece que nuevamente empieza a ser dejada de lado de la decisión gubernamental.

Mediante Decreto Supremo 051-2011-PCM el poder ejecutivo con la rúbrica del presidente García Pérez dio los nombres de los beneficiarios en la primera etapa de reparaciones individuales económicas. En julio pasado se empezó a transferir recursos a las víctimas del proceso de violencia llegando a un total de 700 personas aproximadamente. Se esperó la continuidad de las reparaciones para el mes de agosto con el nuevo gobierno, pero no fue así. Isabel Coral Cordero, nueva jefa de la  Comisión encargada de impular las reparaciones desde la Presidencia del Consejo de Ministros paralizó las tranferencias de reparaciones individuales no obstante todos los beneficiarios están notificados. 

Coral Cordero, encargada de la importante Secretaría Ejecutiva que debe seguir impulsando las reparaciones en en el Perú, por un sesgo ideológico paralizó lo realizado por el gobierno anterior. Así, desde agosto al día de hoy  no ha transferido ni un nuevo solo a las cerca de 2000 personas, restantes, que esperan con todo derecho las transferencias dinerarias a las que el Estado peruano a través del gobierno de García Pérez les aseguró mediante el señalado Decreto Supremo.

Lo cuestionable sería que los cerca de 20 millones de nuevos soles debidamente aprobados para ser ejecutados este año 2011 se reviertan, no solamente por una falta de capacidad en gestión pública sino por la más fria de las indiferencias hacia quienes más han sufrido la violencia física y mental;  y que hoy sufren la violencia de la insensibilidad humana de sus funcinaris públicos. Esta decisión de Coral Cordero es inexplicable si se toma en cuenta que ella ha sido por largos años directora de una ONG orientada a trabajar con desplazados del proceso de violencia. 

Veamos lo que el día de hoy señala el Congresista oficialista Javier Diez Canseco amigo entrañable y compañero de ideología de Isabel Coral Cordero, quien no parece entender que el ministro Miguel Castilla le sabe a sebo la frase reparación a las víctimas. Debe recordar Diez Canseco que fue el propio ministro Miguel Castilla quien siendo viceministro de haciendo durante el gobierno del presidente Alan García Pérez se opuso a aprobar presupuesto para las reparaciones. Pero a pesar de su ferrea y terca  oposición - la cual contaba con seguidores dentro de nuestra tecnocracia cavernaria en materia de derechos humanos- la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión encargada de las reparaciones logró imponerse y aprobar legalmente no solamente presupuesto para las reparaciones sino también los procedimientos y metodologías.       

Plantea consignar una partida de S/. 221 millones 200 mil para presupuesto del 2012.

Pero propuesta no recibe apoyo del ministro de Economía y Finanzas

El congresista Javier Diez Canseco (Gana Perú) pidió al jefe del gabinete Salomón Lerner el respaldo del Ejecutivo para que se asigne en el presupuesto 2012 S/. 221 millones 200 mil para reparaciones de las víctimas de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y el 2000.

En carta dirigida a Lerner el pasado 16 de noviembre, el parlamentario refirió que en el debate realizado en la Comisión de Presupuesto se planteó incluir dicho presupuesto, vía una disposición; sin embargo, la propuesta no recibió el apoyo del ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla, ni del grupo congresal que preside la primera vicepresidenta Marisol Espinoza.

Castilla había ofrecido poner el tema en debate ante la sesión del Consejo de Ministros “porque estaba empeñada la palabra del jefe del gabinete”.

Diez Canseco le recordó a Lerner su promesa, planteada cuando fue al Congreso a exponer la política general del gobierno, de reparar a miles de víctimas de la violencia, con la meta de cubrir a 6,700 víctimas en el 2012 y llegar al 50% de las beneficiarias hasta el 2016.

También abogó por el dictamen que ordena al Ministerio de Economía y Finanzas retener hasta 3% de su presupuesto anual de pliegos que tengan deuda con Essalud.

http://www.larepublica.pe/22-11-2011/javier-diez-canseco-reclama-presupuesto-para-reparaciones

Reparaciones: cuando lo perfecto es enemigo de lo bueno

Cuando en junio del año 2001 el Presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad (que posteriormente el presidente Alejandro Toledo añadiría "y Reconciliación") nunca habría imaginado que las recomendaciones que entregaría la flamante Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) serían utilizadas como banderas políticas e ideológicas que terminarían enfrentando muchos más a los peruanos, y tampoco habría imaginado que el Estado peruano necesitaría, casi diez largos años, para que las decenas de miles de víctimas de veinte años de violencia recibieran, por primera vez, las primeras manifestación estatales de reparación económica.

Sin embargo, un breve balance de las políticas públicas registradas desde que Paniagua firmara el Decreto dando origen a la CVR - Supremo 065-2001-PCM- en junio del 2001, hasta la fecha, nos demuestra que, no obstante los vaivenes de la política de reparaciones, ésta ha ido convergiendo hasta tomar el cuerpo requerido. Mi diagnóstico es que desde un inicio no se tuvo en cuenta propuestas operativas necesarias para implementarlas, más allá de la visión necesaria de reparar a las víctimas.

La CVR había perfilado la necesidad de reparar, pero no llegó a esbozar en los dos años de trabajo que invirtió: el cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni había definido con adecuada precisión ligada a una sustentada definición, a quiénes se debía reparar. La demora en el diseño y la implementación, en estos diez años, tiene sus causas en la lentitud de las repuestas del Estado peruano a esas preguntas. Lentitud explicada por el caracter subjetivo alrededor de las reparaciones.

Desde su creación, en febrero del 2004, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) como órgano de gobierno encargado de coordinar e impulsar las acciones de reparación -precisadas por la CVR- desde el Estado peruano, registró en su interior una serie de discusiones que denotaban una grave confusión entre Política de Reparaciones y lo que son en esencia los programas sociales. Esto dificultaba desde un inicio el CÓMO.

Nuestra burocracia más calificada, no estaba debidamente sensibilizada sobre lo que significaba, en materia presupuestaria ni de derechos humanos, reparar a miles de víctimas de la violencia. Hubo amplios y densos debates alrededor de aspectos conceptuales y la homogeneización de conceptos básicos. Meses de inversión que se convirtieron en años de debates de conceptuales necesarios para determinar los presupuestos públicos.

Una serie de motivos impidieron que las definiciones adoptadas por la CVR fueran adoptadas con suma facilidad por los técnicos de la CMAN de los años 2004, 2005 y 2006. Por ejemplo, se registraron amplias discusiones, casi filosóficas alrededor de la definición y determinación del universo de víctimas que serían reparados por el Estado. Presentándose propuestas muy diversas entre las que destacaban incluir asesinados, desaparecidos, mutilación y violación sexual, dejando de lado por ejemplo desplazados, torturados, hijos producto de abuso sexual.

De otro lado, era necesario establecer un clasificador de reparaciones que permita cuantificar los recursos financieros necesarios para responder adecuadamente las exigencias de lo que posteriormente demandaría las Reparaciones Económicas Individuales. Este clasificador no fue nunca implementado.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo a través de su máximo representante habría propuesto, en octubre del 2004, postergar la creación de un Registro Nacional de Víctimas (hoy Registro Único de Víctimas) mientras no se cumpliesen requisitos previos como la falta de claridad respecto al compromiso explícito del gobierno del Presidente Toledo de atender las reparaciones dinerarias individuales.

Es por eso que resulta deshonesto con la realidad que la nueva Secretaria Ejecutiva de la CMAN, Isabel Coral Cordero, que tuvo un papel preponderante en la CMAN, entre los años 2004 y 2006, manifieste hoy, que a partir del 2007 prácticamente no se hizo NADA en materia de reparaciones a las víctimas del proceso de violencia.

Sus declaraciones, en varios medios escritos de difusión nacional buscan, así, una extraña forma de reconciliación entre peruanos.

Ella señala que durante el gobierno del Dr. Alejandro Toledo, participó en la formulación del “primer plan nacional de reparaciones”. El nombre real fue “Plan Nacional de Reparación de Secuelas de la Violencia Política” y fue presentada por el MIMDES en marzo del 2004. Una de las razones del porqué el propio gobierno del Presidente Toledo no lo pudo implementar, consiguiendo los resultados requeridos, fue porque contenía un defecto grave en el diagnóstico. Incluyó como parte de una de sus políticas marco un “Plan de Paz y Desarrollo”. El Plan de Paz y Desarrollo orientado a las zonas con mayor secuela de la violencia nunca vio la luz; durmió el sueño de los justos, porque facilitó la confusión al más alto nivel de gobierno, entre lo que significa acciones de desarrollo propias del Estado con las de reparación.

De otro lado, las reparaciones como políticas públicas no solamente necesitan recursos presupuestados; necesitan también de un diseño de política. Al ser recursos públicos, la utilización de los fondos de reparación requieren cumplir las exigencias legales necesarias para no incurrir en malversación.

El diseño y la implementación de las políticas públicas en materia de reparaciones han representado todo un proceso de aprendizaje en el Perú; éste obviamente ha ido mucho más allá de la elaboración del Informe de la CVR.

Los comentarios vertidos por la nueva Secretaria Ejecutiva de la CMAN, deja de lado una serie de variables económicas y de políticas públicas necesarias a ser tomadas en cuenta por todo police maker. Al concluir el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, la Secretaría Ejecutiva de la CMAN - de la que ella formó parte importante- no dejó al siguiente gobierno ningún listado oficial de víctimas o beneficiarios individuales a quienes reparar.

Sin aquel listado- aún así se hubiera contado con los 1150 millones de nuevos soles de los que habla actualmente como necesarios para reparar- no su hubiera podido transferir ni un solo nuevo sol a ningún beneficiario sin ser observado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Si no se cuenta con un listado oficial, cómo se va a entregar recursos públicos con la seriedad que el caso merece?

En ausencia de aquel registro- actualmente conocido como Registro Único de Víctimas- a finales del 2006 el gobierno de Alan García impulsó el Consejo de Reparaciones, y facilitó los presupuesto para que este órgano de gobierno cumpliera por primera vez con su función de registrar y acreditar a las víctimas. Así, a finales del 2007 se dió inicio por primera vez luego de seis años al proceso de acreditación de víctimas. Y fue la Presidencia del Consejo de Ministros quien se encargó directamente de ello a través del Consejo de Reparaciones.

El Ministerio de Economía y Finanzas jamás hubiera facilitado su visto bueno para aprobar canalizar recursos a personas que siendo víctimas o beneficiarios no estuvieran debidamente acreditados, tal como lo señala la misma Ley N°28592 aprobada en julio del año 2005, y su reglamento (RM 015-2006-JUS).

Respecto a las reparaciones colectivas, a finales del año 2005 –durante el gobierno del Presidente Toledo- la CMAN avaló transferir alrededor de siete millones de nuevos soles a FONCODES, órgano del MIMDES, para financiar lo que se denominó PERU REPARA. Al final, el componente reparador nunca existió. ¡¡¡Las víctimas de las mismas comunidades rurales que habían sufrido los embates de Sendero Luminoso nunca supieron que las obras que en sus jurisdicciones se construyeron formaban parte de las reparaciones!!!

El año 2007, durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez, se realizó un cambió radical de dicha metodología. En adelante, las mismas comunidades serían priorizadas por el Gobierno Nacional en función de la concentración de víctimas registradas y además serían ellas quen expresarían de manera democrática el tipo de obra que requerían, sustentada mediante acta comunal canalizada a la CMAN. Esta acción de participación a su vez fortalecía la institución comunal delibitada por las acciones de Sendero Luminoso.

En muchos casos los tiempos y exigencias de la burocracia, tanto nacional como municipal, han hecho que los procesos de ejecución presupuestaria en materia de reparaciones sean lentos. Sin embargo, se avanzó desde cero comunidades adecuadamente reparadas -que fue lo que se encontró en materia de reparaciones colectivas en agosto de 2006- hasta cerca de 1500 comunidades reparadas colectivamente con participación directa de las propias comunidades al mes de julio de 2011.

Asimismo, se llegó a intervenir decenas de comunidades ubicadas en zonas de alta tensión social como el VRAE y el Alto Huallaga ( Aucayacu y Valle del Monzón) . Se hicieron obras con sentido reparador en caseríos en donde nunca antes había habido presencia estatal.

Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en materia de reparaciones. Pero primero terminemos de definir quiénes son las víctimas y familiares que serán reparados individualmente con recursos dinerarios. También se debe lograr que las universidades estatales adopten los beneficios para los huérfanos en materia educativa contenida en el Decreto Supremo 047-2011 PCM de mayo último; y dialogar con el Ministro de Economía para que facilite el financiamiento para la BECAS PIR que ya fueron diseñadas por el Ministerio de Educación entre el 2010 y 2011.

Finalmente, señalar que existe un presupuesto aprobado para reparar individualmente este año 2011 y que ha posibilitado, a través del Decreto Supremo 051-2011-PCM de junio último, la transferencia–entre la primera y tercera semana de julio- de reparaciones económicas a cerca de 600 personas de las 2700 priorizadas para este año. La totalidad de ellos son ancianos mayores a 65 años. Sin embargo, las 2100 personas restantes aún no reciben sus reparaciones económicas desde el primero de agosto. Y ya han pasado más de dos meses!!

Si el objetivo es incrementar el monto a ser transferido por víctima y/o beneficiario, este puede ser nivelado posteriormente mediante otro Decreto Supremo. Existen 2100 ancianos víctimas (padres de víctima, viudas, discapacitados y mujeres abusadas sexualmente) que esperan estas reparaciones económica. Solamente rogamos que estos recursos aún no transferidos no vayan a ser revertidos es decir devueltos al tesoro público, por el tiempo transcurrido.

Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Reparaciones Económicas en Perú

Reparaciones a la víctimas de violencia

Viene transcurriendo varias semanas desde que se inició formal y efectivamente la entrega de reparaciones económicas a las víctimas del proceso de violencia sufrido en el Perú entre los años 1980 y 2000. El Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, aprobado en junio del 2011, precisó los alcances de estas reparaciones.

Estas reparaciones de carácter económico alcanzan, en esta primera etapa, a mujeres víctimas de violación sexual y a discapacitados; a madres y padres de víctimas asesinadas y/o desaparecidas; y a viudas o viudos. Los huérfanos y huérfanas se sumarán a este grupo de afectados el año 2012.

A la fecha existen 125 mil personas inscritas como víctimas en el Registro Único de Víctimas. Esta labor la realiza desde fines del 2007 el Consejo de Reparaciones; órgano administrativo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros del gobierno peruano.

Entre los inscritos figuran también quienes perdieron la vida o se encuentran en calidad de desaparecidos. Al mes de diciembre de 2010, éstos suman 21 253 víctimas mortales; entre las cuales tenemos 16 109 asesinados y 5144 desaparecidos.

La tarea de registro es gravitante para las reparaciones administrativas que se vienen registrando en el Perú. Cabe indicar que el referido Decreto Supremo representó el inicio de reparaciones que no son de naturaleza judicial. La CMAN, que es otro órgano administrativo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivo, a diferencia del Consejo de Reparaciones, coordinar e impulsar las acciones propias de la reparación.

La CMAN ha participado en la elaboración de las normas legales que sustentan las acciones gubernativas de reparación. Resultado de su aporte son la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (Ley N°28592), emitida en julio de 2005, y su Reglamento (DS N° 015-2006-JUS), en vigencia desde julio de 2006. Adicionalmente, en estos últimos cuatro años la CMAN ha diseñado, coordinado e impulsado la ejecución de las acciones de Reparación Colectiva, Reparación en Salud, Reparación en Educación y finalmente la Reparación Económica.

Considero que uno de los primeros retos como política pública del actual gobierno en materia de reparaciones es llevarlas hacia los grupos víctimas de desplazamiento forzoso. Para ello es necesario identificar adecuadamente las zonas en las que se han establecido, de manera que las reparaciones se encuentren debidamente focalizadas y no se pierda eficiencia en el camino de repararlos eficazmente.

La reparación a grupos desplazados debe tener presente los diez enfoques propios de estas acciones que se encuentran plasmadas en el reglamento de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Entre los cuales debería resaltarse los vinculados a género, integralidad, sostenibilidad y derechos humanos.

Inicio de las Reparaciones Económicas en Perú